EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Red Urbana Popular reclamó este martes que sea incluida una partida del proyecto del Presupuesto General del Estado 2018 para la construcción de viviendas dignas y seguras, que permitan disminuir el déficit habitacional de República Dominicana.
Reinaldo Pérez, de la Red Urbana Popular, sostuvo que estudios establecen que de reducirse la partida que destina el presupuesto de 2018 para propaganda, botellas y ‘politequería’, se podría resolver el problema de vivienda de más del 70% de los dominicanos.
Durante una manifestación frente al Congreso Nacional, diversas organizaciones sociales reclamaron este martes, que esa institución genere espacios para que la ciudadanía pueda participar en la discusión del debate de la Ley de Presupuesto 2018.
Al atender a la prensa durante la movilización, los organizadores señalaron que el Congreso Nacional «debe legislar en representación del pueblo», y que la discusión de la ley del Presupuesto se debe hacer con «transparencia, participación y publicidad.»
“Eso implica que la ciudadanía y sus organizaciones «puedan presentar sugerencias, propuestas, observaciones, peticiones en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto y estas deben ser escuchas y tomadas en cuanta», indicaron.
Bajo las consignas «lo que no está en el presupuesto es puro cuento» y «exigimos que el Congreso escuche nuestra voz», los convocantes reclamaron su derecho a participar en el debate del presupuesto.
«Es una herramienta que debe apuntar en su formulación y aprobación al proceso más alto de participación de la ciudadanía, que permita, asegurar la disponibilidad oportuna y el uso eficiente de los recursos que se asignan para cumplir las políticas públicas» declararon.
Foro Ciudadano, el Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP), Participación Ciudadana (PC), la Red Urbana Popular (RUP), la Asociación Nacional de Enfermeras (Asonaen), el Consejo para los Derechos Barriales (Copadeba), entre otras organizaciones, protagonizaron la manifestación.
Todas ellas cuestionan el hecho de que la comisión bicameral que estudiaba el presupuesto no escuchara a ninguna organización social antes de presentar su informe, pese a tener solicitudes formales en ese sentido.
El pasado 9 de noviembre, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto General para el próximo año ascendente a 687,000 millones de pesos, así como la adenda sometida por el Poder Ejecutivo que modifica varios de los artículos de la iniciativa y autoriza préstamos internacionales por 130 millones de dólares.
