EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó para este lunes el juicio de fondo contra el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo y el ex regidor de Pedro Brand, Eirckson de los Santos Solís, a los fines, de escuchar a las víctimas e imputados.
El juicio que finalizará el lunes, fue recesado para que las juezas escuchen brevemente «si ellos quieren» sus manifestaciones finales que darán tanto las víctimas como los imputados y las magistradas retirarse a fallar.
Este viernes las defensas técnicas de los seis implicados, el exraso de la Policía Nacional, Amaury Cabrera Martínez , Danilo Octavio Reynoso, acusados por las muertes de Overny Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, hicieron sus exposiciones
Según Sonia Marlene Guerrero, defensa técnica de Quevedo, el Ministerio Público no pudo demostrar su acusación fáctica.
“Tengamos paciencia, veremos si surge la presión o cederemos ante la ley”, dijo.
Solicitaron al tribunal excluya la prueba 107 presentada por el Ministerio Público porque “no tiene nada que ver en el proceso, consiste en presentar que Quevedo vivía en la calle tercera, cuando la realidad es que vive en la calle Segunda”.
Refutaron el argumento de que de 322 llamadas, solo había dos dirigida entre Quevedo y Erickson de los Santos Solís.
Plutarco Jáquez, al referirse a la teoría del delito, dijo que a Solís se le acusa de la autoría material.
“Pero ningún testigo acusó en este tribunal a Solís de estar en el lugar de los hechos, la cámara de seguridad tampoco lo filmó”, dijo.
Acusó al Ministerio Público de querer “modificar su propia acusación fáctica y no lograrlo”.
Con relación a un supuesto cheque de 50 mil pesos, Jáquez dijo al tribunal que durante el allanamiento “lo metieron de contrabando”, para acusar Solís.
Durante la audiencia, la presidenta del tribunal le prohibido al abogado de las víctimas, Manuel Soto Lara, hacer explicaciones políticas del caso y su implicación con los hechos.
En sus réplicas, Soto Lara dijo al tribunal que “se trata de gente que trabajan juntos, que son socios, actúan en una organización sindical, se da en el contexto de un consenso previo, donde uno paga y manda, y el otro cobra y ejecuta, no son hechos individuales, fortuitos, aislados, todos sirven a los intereses de quien paga para matar”.
