RD obtiene baja calificación en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía

Por Carolina Ramirez Herrera lunes 30 de octubre, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La República Dominicana quedó en el puesto 95, de los 127 países evaluados en el año 2016, para el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI, por sus siglas en inglés), ranking mundial con el cual se mide el desempeño de la policía y otras instituciones públicas encargadas de la seguridad interna en cada país, con una calificación que oscila entre 0.0 y 100 puntos. El primer lugar lo ostenta Singapur con una calificación general de 89%, mientras que el peor valorado del mundo es Nigeria, en la última posición, con apenas un 25%.

La primera edición del Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna, realizado por la Asociación Internacional de Ciencias Policiales (IPSA) y el Instituto de Economía y Paz (IEP), se busca medir la capacidad del aparato de seguridad de un país para responder a los problemas de seguridad interna, del momento y los que podrían surgir en el futuro, en base a 16 indicadores agrupados en cuatro áreas claves: 1) Capacidad, o el nivel de los recursos destinados a seguridad; 2) Proceso, incluyendo las posibilidades de usar los recursos de manera efectiva; 3) Legitimidad, que implica el nivel de confianza de la ciudadanía en las autoridades, la corrupción y el comportamiento justo de las instituciones; 4) Resultados, que evalúa los niveles reales y percibidos de crimen y violencia. El estudio también analiza cómo los resultados de cada país, en cada grupo de indicadores, se relacionan entre sí, para seguir las posibles tendencias de los diferentes campos en el tiempo.

El reporte completo del WISPI-2016, que puede ser consultado en inglés en http://wispindex.org/#/ detalla con gráficos explicativos el desempeño de América Latina con relación a las demás regiones del mundo. En el cual Venezuela (119) y México (118) y Honduras (116) obtuvieron la peor calificación de nuestra región, mientras que Uruguay (35) y Chile (43) ocuparon los mejores lugares. (Ver gráfico 2)

De los 20 países latinoamericanos incluidos en el informe, la República Dominicana quedó en el puesto 11, con una calificación general de 47%, sin embargo, al desglosar el desempeño en las cuatro áreas claves evaluadas, los dominicanos tenemos la peor calificación en el renglón de Proceso (29%), debido esencialmente a problemas de: Sub registro de los casos, denuncias de corrupción y pagos de sobornos a la policía.

También presentamos serias dificultades en materia de Legitimidad (42%) por falta de confianza en la policía y por denuncias de uso de bienes públicos para beneficio privado.

En el campo de Resultados obtuvimos (50%), pese a que incluye los indicadores de tasa de homicidios, con calificación (0.0%) y percepción de seguridad pública (38%), esto debido a que se calcula en base al promedio, sumando los otros dos indicadores, crímenes violentos (68%) y bajo riesgo de terrorismo (95%), en los cuales tenemos mejor puntaje.

Hemos quedado mejor posicionados en el renglón de Capacidad (73%) porque se calcula la cantidad de personas que integran la nómina de la policía (94%), las fuerzas armadas (100%) y servicios privados (90%),  de seguridad, pese a que, en disponibilidad de espacios para prisión en condiciones dignas obtuvimos un (0.0%) (Ver gráfico 3)

La situación dominicana no dista mucho de los demás países de Latinoamérica, donde los puntajes más altos fueron para capacidad, mientras que el acápite de proceso resultó el peor calificado.

Cuando el estudio mide el “aparato de seguridad” se refiere predominantemente a la policía, aunque una serie de indicadores también afectan la capacidad de las fuerzas armadas, el sistema judicial y el sector privado para abordar cuestiones de seguridad interna.

Es por esto que un país como República Dominicana que no tiene conflictos bélicos internos, puede tener un peor rango que un país que tiene más problemas, en especial porque se ha dedicado más recursos, tales como cuerpos especializados con componentes de las fuerzas armadas a atender asuntos de seguridad ciudadana, que son del ámbito esencialmente policial, limitando en consecuencia, el desarrollo de las capacidades policiales para cumplir su misión natural, que es garantizar el orden público.

 

 

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