RD entre países donde operaba firma española vinculada a escándalo

Por El Nuevo Diario miércoles 27 de diciembre, 2017

EL NUEVO DIARIO, Madrid.- La Audiencia Nacional española citó hoy a declarar como investigados a varios antiguos miembros del Gobierno de la región de Madrid a comienzos de la pasada década por el caso de la compra de Inassa, la filial latinoamericana de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, con operaciones en varios países latinoamericanos, entre ellos la República Dominicana.

En abril pasado saltó el llamado “caso Lezo” que supuso la detención de una docena de personas, entre ellas el expresidente de la región de Madrid Ignacio González (PP, centroderecha), que con anterioridad había presidido el Canal de Isabel II.

En 2001 el Canal adquirió Inassa, la convirtió en su filial y a través de ella llevó a cabo diferentes operaciones de compraventa de compañías en varios países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Panamá y la República Dominicana.

(Según una información publicada el 30 de mayo por el diario español El País, Ángel Rondón es el “socio estratégico” de la empresa Inassa en la República Dominicana. Rondón es uno de los implicados en el escándalo de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht)

La Justicia sospecha que en algunos casos se pagaron precios inflados y varios directivos se repartieron el dinero.

Los detenidos – incluido González – han ido saliendo de prisión en estos meses tras el pago de abultadas fianzas y la imposición de medidas tendentes a evitar el riesgo de fuga y de destrucción de posibles pruebas.

Ahora el juez Diego de Egea ha citado a declarar en calidad de investigados en Lezo a varios antiguos consejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y al expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa.

Ruiz-Gallardón presidió la Comunidad (región) de Madrid entre 1995 y 2003 y González lo hizo entre 2012 y 2015, después de haber dirigido el Canal desde 2003.

En un auto y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez De Egea acuerda citar a una veintena de investigados y a otros tantos testigos para aclarar las supuestas irregularidades en la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II.

Aparte de emplazar como investigados, entre el 10 y el 15 de enero, a exconsejeros madrileños, el magistrado también pide la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron en 2001 el contrato de compra.

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