EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados ratificó este martes en única lectura, y a unanimidad, la modificación a la ley 59-94 para que profesionales que no son ingenieros puedan dirigir el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), favoreciendo así a su actual director, Wellington Arnaud, quien es abogado de profesión.
Arnaud fue designado de manera interina en la posición por el presidente Luis Abinader, en vista de que en su condición de abogado no cumplía con lo establecido en la Ley 59-94, que crea la institución, donde se establece que para ser su director se debe tener el título de ingeniero civil con grado de especialización en ingeniería sanitaria.
Esta designación de Abinader causó revuelo y repudio en el Congreso Nacional por entender que el primer mandatario debía designar a un profesional de la ingeniería con especialización en el área.
En la pasada sesión de los senadores, esta incitiva ya había sido aprobada con sus modificaciones, por lo que sólo restaba la ratificación de los diputados para su posterior promulgación.
El informe favorable que ampara a Arnaud como director del INAPA fue leído en la última sesión de la primera legislatura senatorial, por Héctor Acosta, presidente de la comisión permanente de recursos naturales y medio ambiente, quien declaró que el artículo 7 de la referida normativa establece que debe ser un ingeniero quien dirija el INAPA.
Sin embargo, en su lectura, Acosta motivó a sus homólogos diciendo que la comisión que dirige ha resuelto rendir informe favorable para modificar la Ley 59-94 porque, según expresó, el hecho de que sólo ingenieros gerencien el INAPA, limita a profesionales de otras áreas con igual o mayor capacidad para dirigir la institución.
«El Estado debe procurar exponenciar los recursos humanos en la administración pública, aprovechando la capacidad gerencial de ciudadanos con competencias dadas a partir de especializaciones administrativas», motivó el senador de Monseñor Nouel.
En el mismo proyecto que modifica la ley del INAPA se establecen nuevas sanciones para aquellos que infrinjan la ley, que van desde prisión de tres a cinco días, hasta multas con salarios mínimos.
Estas modificaciones ya venían aprobadas desde la Cámara de Diputados el pasado 30 de agosto del 2020 y posteriormente fue remitida a la comisión que dirige el senador Acosta.
