R. Dominicana parece inclinada a despenalizar el aborto en algunos causales

Por lunes 6 de febrero, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las corrientes a favor de la despenalización del aborto en República Dominicana, específicamente en casos de violación, incesto o malformación del feto, parecen haber tomado renovado impulso en las últimas semanas en el país, a pesar de la resuelta oposición de las Iglesias.

En diciembre pasado, el presidente dominicano, Danilo Medina, utilizó sus facultades constituciones para vetar la ley que crea un nuevo Código Penal, al considerar que el aborto no debe ser penalizado cuando se presenten esas tres causales.

La reacción inmediata de las Iglesias católica y evangélica, principalmente, fue la de condenar el veto presidencial y reiterar que la Constitución dominicana garantiza el derecho a la vida desde su concepción.

Esta postura fue reiterada este mismo lunes por el propio arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, quien pidió hoy a los partidos políticos no "bajar líneas" a sus legisladores, con el propósito de que estos aprueben las objeciones a la ley que introdujo Medina.

Sin embargo, a medida que transcurrieron los días desde el veto presidencial, las posturas de los senadores y diputados oficialistas, quienes tienen mayoría en ambas cámaras, han ido reflejando su disposición de dar marcha atrás a su voto de penalizar el aborto.

Así lo han hecho saber varios congresistas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y la semana pasada el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) remitió una comunicación a sus legisladores, instruyéndoles a dar su aprobación a la despenalización del aborto en los mismos supuestos que enfocó Medina.

Resalta el hecho de que este es el único tema en que los dos principales y antagónicos partidos políticos del país han coincido, lo que podría inclinar la balanza definitivamente a favor de la despenalización del aborto, en las causas mencionadas.

La decisión del gobernante no hizo más que refrendar una medida similar que tomó en 2014, cuando devolvió sin promulgar al Congreso Nacional el nuevo Código Penal con las mismas observaciones.

La penalización aprobada por el Congreso castiga la interrupción del embarazó con penas de dos a tres años tanto a la mujer que se someta a un aborto como a la persona que le ayude. Del mismo modo, el médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que realice o asista en un aborto será castigado con penas de 4 a 10 años.

En esta oportunidad, Medina vuelve a opinar que el aborto no debe ser perseguido cuando el embarazo sea producto de violación, rapto, estupro o incesto, que su interrupción se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación, siempre y cuando el hecho haya sido denunciado o se compruebe que la víctima fue imposibilitada de hacerlo.

También, cuando una malformación congénita del feto, previa certificación médica, demuestre que la vida del concebido se considere inviable; además, cuando se agoten todos los medios "científicos y técnicos" disponibles para salvar ambas vidas, "hasta donde sea posible".

De nuevo sobre el tapete, el Código Penal apunta a que los legisladores acogerán en esta oportunidad las causales que refiere el Poder Ejecutivo, aunque es conocido en el país la tradicional influencia política y social que tiene la Iglesia católica.

A esto se añade, que la Iglesia evangélica ha alcanzado un crecimiento extraordinario en las últimas décadas en el país, lo que le ha permitido a sus líderes acceder a espacios continuos de opinión pública.

La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Se espera que el proyecto se estudie de nuevo en los próximos días en el Congreso Nacional, pues Medina convocó una legislatura extraordinaria para este caso y otros pendientes de sanción por el Legislativo.