El Tribunal Superior Electoral (TSE), máximo organismo legal que regula la situación contenciosa electoral de los partidos políticos en la República Dominicana, ha emitido una sentencia definitiva que anula la asamblea del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que eliminó la Comisión Ejecutiva, y permite el retorno de los dirigentes que fueron expulsados del mismo.
Yo no soy abogado, ni experto en materia electoral, pero, cuando se habla de lo “Máximo”, significa que se ha alcanzado el mayor valor o grado posible y, en el caso de la decisión tomada sobre el tema del PRSC, ya no hay ninguna posibilidad de apelación ante otro estamento que permita cambiar la decisión tomada.
En ese sentido, el Presidente del partido colorao está compelido a ejecutar la orden emanada en cumplimiento de lo establecido por la Ley.
Su desacato a lo dispuesto por el último estamento que rige la condición legal de los partidos dominicanos, es una demostración más de la prepotencia con que se maneja el actual dirigente del partido creado por Balaguer, y eso no puede ser permitido, ni por el Tribunal Superior Electoral, ni por los reformistas que hoy son coartados de sus derechos de volver al ceno de su partido.
Al mismo tiempo, esa actitud de pelea del aguerrido gallero, es una demostración fehaciente de su costumbre de solo hacer las cosas que les son de su conveniencia, aunque al ejecutar las mismas se violen las disposiciones legales y se afecte a todos los que no sean santos de su devoción.
Desde que murió Balaguer, la franquicia de su creación ha sido el manjar más apreciado por los que se acostumbraron a vivir de la política y encontraron en el reformismo el mejor medio de sustento.
A Quique no le importa en lo más mínimo el sentir de los miembros de su partido que no están de acuerdo con sus manejos del mismo, ni el ideal socialcristiano que estos pudieran tener y, mucho menos, el legado del balaguerismo.
Su único objetivo es manejar la franquicia para hacer el uso que desee de los recursos económicos que le entrega la Junta Central Electoral.
Para nadie es un secreto que durante toda su existencia en el quehacer político, el Ing. Antún Batlle se ha caracterizado por anteponer sus intereses personales a los deseos de la colectividad de su partido y, en este momento, en el que su hegemonía al frente del mismo peligra, podemos estar cien por ciento seguros de que será capaz de hacer todos los amarres que sean necesarios y que intentará violar todas las leyes que tenga infringir, a fin de quedarse con la dirección del PRSC, y, en especial, en el control de sus recursos financieros.
Nuestro país se caracteriza por la permisibilidad con que se manejan los aspectos relacionados a los infractores de las disposiciones legales y eso es algo que ya debe terminarse.
No podemos permitir que nadie esté por encima de la Ley y, en el caso que nos ocupa, bajo ninguna circunstancia se puede tolerar que con artimañas y chantajes, se desacate una disposición emanada por el Tribunal Superior Electoral.
Si no se cumple de inmediato con lo establecido por la sentencia inapelable ya emitida por el referido jurado, se estará dando un mal ejemplo a todo el conglomerado político nacional y una demostración de que aquí cualquiera puede hacer lo que desee sin que su accionar tenga ningún perjuicio en su contra.
Yo entiendo que todos los partidos políticos del país deben estar interesados en que se respete la Ley pues, lo que hoy les beneficia, mañana les podría perjudicar y, si no se siguen los lineamientos emanados de quienes tienen la autoridad para establecer los parámetros por los que se deben regir, podríamos quedar en un limbo judicial de graves consecuencias para la democracia dominicana.
Ningún Presidente de las organizaciones políticas dominicanas y sus equipos dirigenciales deberían guardar silencio ante el incumplimiento del Sr. Federico Antún pues, si el mismo no respeta la disposición y acepta el mandato legal, se estará haciendo un daño de consecuencias inimaginables a todo lo que tiene que ver con el orden político y judicial del país, ya que nadie se sentirá obligado a cumplir con las sentencias emanadas por los tribunales dominicanos.
Ya es tiempo de que se tomen las medidas que sean necesarias a fin de que, en lo inmediato, se proceda a ejecutar la orden emanada por el Tribunal Superior Electoral.
En ese sentido, me atrevo a sugerir que sea el mismo rector de los aspectos contenciosos de los partidos políticos del país el que, fundamentado en los reglamentos que las leyes le confieren, tome las disposiciones que sean necesarias y dirija la Asamblea en la que se ejecuten sus disposiciones a fin de que en el Partido Reformista Social Cristiano se respeten sus mandatos.
De continuar dándole largas a la ejecución de la sentencia y dejar en el limbo la órden del máximo tribunal electoral del país, todos tendremos que preguntarnos: Entonces Quique está por encima de la Ley?.