A mediados de diciembre 2016, el Tribunal Superior Administrativo, tuvo a bien fallar resolver el conflicto planteado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y los sindicatos que monopolizan el transporte de carga, destacando que más bien hay inobservancia de las leyes que regulan el transporte obligando u ordenando a varias instituciones públicas a cumplir con esas disposiciones, entre las cuales están: la Ley 578-64 del 16 de enero de 1965 que prohíbe el monopolio en los trabajos de carga y descarga de buques en muelles y puertos; la Ley Orgánica 290-66 del Ministerio de Industria y Comercio; la Ley Orgánica 247-12, de Administración Publica y la Ley 84-79 que modifica la Ley de Turismo; el Decreto 104-91 que autoriza a las FFAA a otorgar facilidades a los que deseen transportar efectos en las Aduanas, con vehículos propios.
¿Cuáles fueron los mandatos de esa sentencia?
Primero, ordenó al Ministerio de Industria y Comercio a dictar normas y vigilar que garanticen la libre competencia y los niveles de precios principalmente en el transporte de mercancías.
Ordenó al Ministerio de Trabajo velar porque que no se establezcan monopolios en provecho de particulares en la carga o descarga de buques en los puertos.
Ordenó a la Oficina de Transporte Terrestre, dictar medidas para el control del transporte terrestre y eliminar toda practica anticompetitiva.
Ordenó al Ministerio de Turismo evitar toda practica anticompetitiva en el transporte terrestre de turistas y finalmente también ordenó al Ministerio de Defensa a que vigile a las personas físicas y morales cuando retiren de las Aduanas efectos o mercancías.
Ahora bien, ¿Cuál deberá ser el próximo paso de las autoridades a quienes la justicia les ha ordenado hacer, porque las autoridades nacionales temen a los transportistas en todos los sentidos y regularmente les protegen inexplicablemente contra el propio pueblo?.
Definir el modelo de transporte público y privado tanto de personas como mercancías, sin que ninguno monopolice sus servicios y exista una amplia competencia. ¿Se atreverán? Lo dudo. ¿Pondrán en activa competencia el tema de los combustibles, que es como ejemplo inaudito, el monopolio mayor? Lo dudo.
Todas las autoridades pasadas, empezando por el Presidente Balaguer, las presentes y probablemente las del futuro, continúen temiendo con sumo pánico a los transportistas quienes asumiendo roles de pobres padres de familia, hacen cuanto se les antoja fijando sus precios de manera uniforme y obligando al público a que utilice solamente sus vehículos si quieren sacar mercancías de las Aduanas o transportar personas y ante sus acciones de fuerza exhibidas a las claras destruyendo vehículos o quemándolos, como el caso ocurrido en Boca Chica donde quemaron y mataron un pasajero e inocente niño ajeno a estos malsanos comportamientos, junto a sus fatales amenazas de huelga o paro nacional, de inmediato dichas autoridades se acomodan a esas voluntades y ni que decir, para de inmediato otorgarles exoneraciones de impuestos de importación de vehículos, subsidios de combustibles; entrega de Bonos y tarjetas de solidaridad; hasta permitiéndoles utilizar el Gas de cocinar para sus vehículos; choferes con palos y piedras que impiden que otras personas transporten pasajeros si no están afiliados a sus sindicatos, todo en contra del Código de Trabajo que así lo prohíbe; un excelso monopolio en los Aeropuertos donde solo los vehículos de los sindicatos pueden operar el transporte de personas y cargas.
Ahora, ¿Qué deben hacer los amigos empresarios, que también tienen monopolios y oligopolios?.
¿Por qué no hay competencia y porqué el Estado les permite ese comportamiento?.
Vemos no sin sorpresa, que con ciertas mínimas variantes en productos tales como el ron, las cervezas, las aguas embotelladas, los embutidos, los cines, guardianes privados, refrescos, cerámicas, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, préstamos y seguros, productos del agro, bloques de hormigón, son todos objeto de oligopolio.
Con el cemento, hemos visto desde la época de la dictadura de Trujillo, como su precio era fijado o determinado por el del cemento del Estado, inflado por la corrupción, el exceso de personal y maquinarias obsoletas, por lo que los productores privados obligatoria y legalmente se acogían a ese alto precio siendo mucho menores sus costos de operación y materia prima, y sin corrupción, con maquinarias modernas y utilizando el personal adecuado, generaban así beneficios apreciables.
Aunque el Estado ya no produce cemento esos precios abultados subsisten como herencia, cuando en realidad el Estado debiera analizar los costos de operación de todos los negocios del cemento y acabar firmemente con este oligopolio, reduciéndose así el agiotismo y la ambición desmedida además de impedir estas lesivas prácticas oligopólicas que lesionan a los pobres y aumentan las ganancias de los poderosos.
Hasta los limpiabotas se ponen de acuerdo para cobrar lo mismo y ninguno osa entrar en competencia, pues se razona, ¿para que ofrecer un precio más bajo si todo usuario está en la disposición de pagar lo mismo? y ese ingreso no lo debo perder.
Los precios en RD de todo lo que está en el comercio, son fijados no basados en costos más un beneficio, sino en el precio máximo que los antojadizos vendedores estiman que el cliente puede pagar.
Hace poco, en una tienda de ropa vi dos camisas de igual confección o modelo: una roja y una negra, y ambas tenían precios diferentes, siendo la roja más cara y al preguntar la razón, la vendedora me dijo que las rojas se venden más y por eso cuestan más.
Nuestra sociedad debe cambiar para ser más justa, pero solo cambiará cuando cambien las gentes, y por eso las autoridades viejas y nuevas deben demostrar que están cambiando y que quieren cambiar en pro de las mayorías, no protegiendo con leyes y actitudes a sus suplidores de fondos electorales fijando precios no basados en costos sino en consideraciones caras de cuanto los clientes están forzados a pagar.
Los amigos empresarios, motu proprio, deben desmontar voluntariamente sus monopolios y oligopolios antes de que los sindicatos y organismos de presión se lo reclamen y así hagan honor al recurso de amparo que ellos mismos incoaron, revelando que efectivamente se oponen a los monopolios especialmente al del transporte, que con justa razón atacaron.
Esperamos que con este tema de monopolio del transporte de carga y de personas, las autoridades no razonen eludiendo el descalabro o desacato de esta sentencia. Nótese que luego de la excelsa sentencia del Tribunal constitucional fijando los límites y condiciones de la ciudadanía dominicana, las autoridades actuales se inventaron la Ley de Naturalización para desconocer en su ejecución la importante sentencia.
Nuestro Juan Pablo Duarte ya lo dijo: “Mientras no se escarmiente a los malos dominicanos, los buenos siempre serán víctimas de sus maquinaciones”.
Necesitamos fortaleza y carácter para ordenar el costo de la vida que merecemos.
¡Dominicanos, hoy, se necesita sangre tipo Duarte!