El doctor José Francisco Peña Gómez siempre estuvo a la vanguardia de las luchas por las libertades públicas durante los años duros de postguerra, cuando el presidente Joaquín Balaguer tuvo que sucumbir a los «incontrolables», que no eran otros que los norteamericanos, para aplicar su “doctrina de la seguridad nacional”, conforme la cual todo progresista era comunista.
También lo estuvo el profesor Juan Bosch, en tanto líder del Partido Revolucionario Dominicano o ya como cabeza del Parto de la Liberación Dominicana, fundado con desprendimientos selectivos de la formación blanca.
El propio Balaguer, en los escasos períodos fuera del Gobierno durante su dilatada carrera política, siempre fue cabeza de la oposición o, cuando menos, a la par con otro, nunca por debajo. Fueron tres líderes de una dimensión que no les admitía subordinación.
El informe final rendido por la comisión que investigó lo relacionado con el proceso de licitación y adjudicación de las termoeléctricas Punta Catalina, ha servido para muchas cosas, pero sobre todo para poner en evidencia las carencias de la oposición política, la cual ha cedido su espacio a factores momentáneos, aves de paso cuya proyección en el futuro es más que incierta.
La laboriosidad con que la comisión de Punta Catalina llevó a cabo su trabajo, amerita que las formaciones de oposición se tomen el cuidado de analizar los diferentes aspectos del informe, hacer reparos donde se necesiten—que debe ser en muchos renglones, pues el mismo fue elaborado por humanos—pero sobre todo sugerencias que comprometan al Gobierno en la búsqueda de las soluciones que se requieran.
Contrario a eso, ¿qué ha hecho la oposición? Pues acomodarse a una corriente de acción que dirige gente sin base, aventureros y aprovechados de ocasión que carecen de un plan específico para nada que no sea la impugnación de todo.
Lo peor es que los partidos formales se subordinan a grupos de esa naturaleza y en lugar de la vanguardia si sitúan a la zaga de aquellos, sin darse cuenta que, por ejemplo, el laborantismo callejero de la marcha verde va contra esas mismas organizaciones legítimas en el llamado sistema de partidos.
Los dirigentes de la oposición política que han asumido ese comportamiento lo hacen con el evidente interés de mostrarse graciosos ante la nueva realidad que, al menos de manera transitoria, se ha radicado en el quehacer nacional.
El informe de Punta Catalina, además del impacto que de por sí tiene en beneficio de la imagen del Gobierno y demostrar la transparencia de la adjudicación, deja una lectura demoledora para la oposición: su espacio no lo perdió por enredarse en las patas de unos caballos que no tiene posibilidades de dominar.