SAN JUAN (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico emprende el último trimestre de su ejercicio fiscal con el difícil escenario de hacer frente a la enorme deuda que asfixia sus finanzas y con el reto de implantar una ambiciosa reforma tributaria.
El próximo 30 de junio finaliza el presente año fiscal antes de que, un día después, deba estar aprobado y contabilizado el del ejercicio 2015-2016, tres meses en los que el Ejecutivo de Alejandro García Padilla afronta el reto de salir airoso en un panorama económico marcado por la dificultad de acceder a financiación para cuadrar las cuentas públicas.
El escenario continúa ensombrecido por unas perspectivas poco prometedoras después de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) difundiera esta semana su último informe del Índice de Actividad Económica, que registró en los pasados meses de enero y febrero una caída interanual del 2,5 % y 1,6 %, respectivamente.
La noticia había sido precedida pocos días antes por un nuevo aviso por parte de la casa acreditadora Fitch, que el pasado 26 marzo degradó los bonos de obligaciones generales de Puerto Rico del nivel BB- a B con perspectiva negativa, un escalón más dentro del grado especulativo que se reserva para la denominada deuda «chatarra».
Fitch, además de degradar de nuevo los bonos de Puerto Rico, advertía en su informe de que los próximos meses serán críticos y que el Estado Libre Asociado precisa de financiación externa en un momento de extrema dificultad en el acceso a los mercados de deuda.
La agencia apuntó que la hipotética intención del Gobierno de reestructurar la deuda, que ronda los 73.000 millones de dólares, ante la imposibilidad real de poder hacer frente a los compromisos con sus acreedores, podría acarrear incertidumbre y todavía más problemas a la hora de acceder a financiación en los mercados.
El pasado marzo, el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA) de Puerto Rico había dado otra noticia negativa al confirmar que en lo que va de año se registró una caída en la venta de vehículos del 12,6 %.
La necesidad imperiosa del Ejecutivo por recaudar más es lo que movió al gobernador, Alejandro García Padilla, a promover una reforma tributaria que tiene al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como principal referencia.
El IVA supondrá una carga contributiva cercana al 16 %, iniciativa con la que según el Gobierno se trata de gravar el consumo, debido a la alta cantidad de personas que eluden contribuir a Hacienda a través de los tributos sobre ingresos, en especial en el sector de los profesionales.
La reforma contempla, sin embargo, una bajada de las tasas contributivas para las empresas por medio de la eliminación de la llamada patente nacional, impuesto que graba las ventas con un cargo del 0,35 % a las empresas con ingresos anuales de entre tres y cien millones de dólares, porcentaje que se eleva al 1 % de los ingresos en el casos de las compañías que facturan más de 1.500 millones de dólares.
El Gobierno, en su necesidad imperiosa por recaudar, ya había «tocado» el bolsillo de los contribuyentes con la popular «crudita», que eleva de 9,25 a 15,50 el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados con la que se pretende elevar la recaudación y proporcionar así liquidez al BGF.
La situación de las finanzas públicas afecta también a sus empresas públicas y en especial a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que arrastra una deuda cercana a 9.000 millones de dólares y que el pasado verano fue incapaz de hacer frente a sus compromisos ante los acreedores.
La AEE anunció esta semana que prolongaba 2 semanas el diálogo con sus acreedores con el fin de retrasar el pago de los vencimientos de deuda más inmediatos.
Los planes del Gobierno están en el aire hasta que el Legislativo apruebe la reforma tributaria y el controvertido IVA, ligados estrechamente a una emisión prevista de bonos de deuda de 2.900 millones de dólares a principios de mayo y a la preparación del presupuesto para el próximo año fiscal.
Aunque el Ejecutivo da por sentado que las cámaras legislativas aprobarán en pocas semanas un IVA del 16 %, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, sostuvo hace pocos días que ese impuesto puede hacer más daño que beneficiar, lo que pone más incertidumbre todavía al escenario económico puertorriqueño. EFE
