EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Puerto Rico no registró incidentes destacados durante las primeras horas de la jornada del primero de mayo, a la espera de las manifestaciones convocadas por sindicatos y asociaciones para protestar contra los recortes en beneficios laborales contra los trabajadores.
Los sindicatos protestan este año contra las medidas que pretende imponer la entidad de control federal al Ejecutivo, Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para contar con unas finanzas públicas saneadas, lo que incluye recortes en las pensiones de los funcionarios y la eliminación de la paga navideña, entre otras medidas.
La JSF también impone recortes para la Universidad de Puerto Rico y el Gobierno local decidió cerrar casi 300 escuelas públicas, lo que llevará hoy a las calles para protestar a educadores convocados por sindicatos del sector.
Debido a los graves incidentes ocurridos en la celebración del Primero de Mayo de 2017, las fuerzas del orden han establecido fuertes medidas de seguridad.
Decenas de agentes de la Policía custodiaban desde primeras horas del día los accesos al Aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan ante posibles protestantes o cortes de tráfico.
EFE comprobó cómo miembros de la Policía estaban apostados en varias áreas de la entrada al principal aeródromo de la isla.
El pasado año, un grupo de manifestantes se colocó a la entrada del aeropuerto para cortar el tráfico, atrasando la llegada de los viajeros al aeródromo.
La celebración de hoy del Primero de Mayo incluye una manifestación que partirá desde el Puente Dos Hermanos en el área de Condado (San Juan) para confluir en el Capitolio, la sede del Legislativo, y otra en la Milla de Oro, principal zona bancaria de la capital, frente a las oficinas de la JSF, la entidad de control federal al Gobierno local.
La JSF, establecida por legislación aprobada por el Congreso en Washington para atender el asunto de la impagable deuda de la isla, impone un alza de matrícula para algunos cursos de la Universidad, lo que ha movilizado al sector estudiantil.
La reducción de pensiones de los funcionarios, recortes de beneficios laborales y alza de las matrículas universitarias golpean a una isla que arrastra una deuda pública de más de 70.000 millones de dólares en proceso de reestructuración, a lo que se suma la devastación que provocaron los huracanes Irma y María de septiembre pasado.
