Tan pocos días le quedan al año 2021 que ya se debe abordar la tarea de reflexionar sobre los retos en salud para el año 2022. Para lo propio se puede tomar como referente el objetivo común asumido con los hermanos países de las américas: lograr al concluir la década el acceso y la cobertura universal a la salud.
“Sin dejar atrás la salud de nadie: invertir en sistemas de salud para todos y todas”, como dijera Clarissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, el 12 de diciembre del año en curso, día de la conmemoración de la Salud Universal.
Lograrlo no es posible sin previamente transformar los sistemas de salud. Para ello debe trabajarse en cuatro lineamientos estratégicos, a saber: Ampliación del acceso equitativo a servicios de salud integrales e integrados, de calidad, y centrado en las personas, familias y comunidades; el Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza de los sistemas de salud.
También, el Aumento y mejoría del financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago directo, que constituye una barrera para acceder a la prestación de servicios; y, por último, el Fortalecimiento de la coordinación y la acción intersectorial como vía de promover políticas públicas que incidan en las barreras de acceso y en los determinantes de la salud.
En ese contexto, los países del continente asumen el pacto 30-30-30, con el propósito de alcanzar al final de la década la inversión del 6% del PIB en salud, destinando el 30% al desarrollo de la atención primaria, reduciendo en un 30% la barrera de acceso al año 2030.
La situación de los servicios sanitarios ofertados en los hospitales públicos del país es crítica. Consecuencia natural de la contracción de servicios ambulatorios en el año de la pandemia en un 42.78%, con respecto al año 2019, sin dejar de tomar en cuenta que un por ciento importante de la demanda suplida corresponde a cubrir las necesidades de las víctimas de la COVID-19 en vez de las enfermedades que impactan habitualmente el estado de salud de las personas. La normalización de dichos servicios, a la fecha del 2021 no se ha logrado.
Con ello, debido al paro en el personal de salud por las medidas tomadas para contener el avance de la pandemia, es de suponer que haya caído la calidad y seguridad de los servicios de atención a las personas en hospitalización aquejadas por las enfermedades características del patrón epidemiológico que impacta la salud de la población.
Dentro de estás se encuentran: las crónicas no transmisibles, tales como el cáncer, la diabetes, hipertensión arterial, las cardiacas, insuficiencia renal crónica, las vasculares y enfermedades obstructivas pulmonares, además, de las personas que demandaron atención por lesiones ocasionadas por traumatismos debido a la violencia intrafamiliar, accidentes en las vías públicas, las enfermedades mentales…
De ellas, no hay datos recopilados para aproximarse a los resultados del tratamiento en los hospitales públicos, por lo que lo propio debe ser inferido a partir del comportamiento de la tasa de muerte materna evitable en vista de que es considerada como indicador gold standard de la calidad y seguridad de la atención de los servicios de salud ofertados en los centros prestadores.
Durante el año 2021, de acuerdo a los boletines epidemiológicos semanales emitidos por la Dirección General Epidemiología, la tasa de mortalidad materna varió del mes de enero a noviembre desde 98 a 168 por 100,000 mil nacidos vivos, lo que sugiere un desplome en la seguridad de la atención de madres que acuden en procura de servicios de atención al embarazo, parto y puerperio, y, de paso, a los pacientes que acuden a los hospitales por atención a las enfermedades mencionadas previamente.
Actualmente la demanda de servicios de salud a los hospitales públicos pudiera ser desbordada producto del incremento de los accidentes de tránsito en la temporada de navidad y fin de año; y por el seguro impacto de la variante ómicron de la COVID-19.
Las condiciones sociales en el escenario en el que se desarrollan las personas están dadas, han sido propiciadas por el gobierno para mantener la dinámica económica. Medidas para estimular los festejos en grupos humanos no han faltado, hasta se han levantado las restricciones para el uso indiscriminado del alcohol, estimulante número uno para cometer infracciones al conducir vehículos de motor, así como todas las formas de violencia.
Mientras, ómicron, marcha inexorablemente hacia las costas dominicanas. Al momento se encuentra en 89 países del globo, de estos nueve en américa, entre los cuales están Cuba y Puerto Rico; es una variante de alta capacidad de transmisión, tanto por la rapidez de pasar de una persona a otra como por la facilidad de burlar su barrera inmunológica aun en poblaciones con alto por ciento de inmunización. Se duplica de 1.5 a tres días en área con transmisión comunitaria.
La posibilidad de desbordar la demanda de atención en los hospitales aumenta cuando vemos que del total de la población vacunada solo poco más de 20% se ha colocado la tercera dosis, cuando de cara a la nueva variante debería ser tres dosis a un mínimo del 90% de la población meta para alcanzar la inmunidad de grupo.
Ante este reto de país la respuesta del gobierno se observa desde la disminución en cerca de 8 mil millones de pesos los recursos presupuestados en salud para el año 2022; también, a partir de las prioridades de inversión en los proyectos para el fortalecimiento del nivel especializado mediante la promesa de construir plazas de salud para el desarrollo de redes de atención del cáncer, traumatología, etc.
También se observa en la promesa de construcción de hospitales municipales y en el desarrollo de proyectos y planes verticales de intervención a enfermedades; y, para colofón, mediante la reducción de la inversión de recursos presupuestados para la atención primaria de 21 a 19% del magro presupuesto para la salud. O sea, la repetición de una formula fracasada con el fin de elevar el nivel de salud de la población.
Mientras tanto, los objetivos de la directiva que asume la conducción del Colegio Médico Dominicano (CMD), acorde a las palabras de su flamante presidente, se centran en: pasantía de posgrado para especialistas, creación de residencias médicas, seguro médico y nivelación de las pensiones de los médicos. Compensación de justicia social para el que ha dedicado su vida al apostolado por la salud de los demás, pero, a la vez, son injusticias consustanciales al modelo de servicio a transformar.
El logro de dichos objetivos inflará el ego de los dirigentes, pero no adicionan valor al funcionamiento de los hospitales.
Ahora bien, los objetivos basados en “dejar de apostar al modelo curativo”, no están especificados por no ser de real interés de la dirigencia del CMD, sino, los que aportan los elementos decorativos para vender en la sociedad la aceptación de las reivindicaciones del colectivo colegiado. Pero, a la vez, de ser asumidos, serían los que fundamentarían la labor de abogacía por el derecho a la salud de la población frente al Estado y la solución de raíz de las causas de las injusticias que abaten las aspiraciones humanas de quien se dedica al ejercicio de esta noble profesión.
Cuando se coloca en un platillo de la balanza los retos del sistema de servicios de salud y su situación, y en el otro, las soluciones que presenta el gobierno de turno y las metas del CMD; no podemos llegar a otra conclusión que, el peso inclinará el brazo de la balanza, más que hacia final feliz de Cumbres Borrascosas, escrita por Emely Bronté, a que la salud se sumergirá en el transcurso del año 2022, en el oleaje del mar de incertidumbres de los desaciertos de las intervenciones gubernamentales con la complicidad de la dirigencia colegiada.
Por: Roberto Lafontaine