Un programa de gobierno es, por definición, un enunciado de objetivos, propósitos y metas a alcanzar desde el gobierno del Estado de una nación.
En otras palabras, un programa de gobierno es un enunciado o listado de intencionalidades que se trata de aplicar y alcanzar desde la dirección del Estado de cualquier nación.
No hay duda que para elaborar o estampar en el papel ese listado de intencionalidades hay que abocarse previamente a conocer la realidad presente, la pasada y tener una perspectiva del futuro, y todo eso se logra haciendo los respectivos diagnósticos acerca de las diferentes áreas o dimensiones en las que interviene el Estado.
Con esos diagnósticos se logra un conocimiento, y a partir de ese conocimiento se logra forjar una visión de la realidad nacional y de la realidad internacional o mundial.
Es obvio que la función del Estado en la sociedad no solo es reguladora como preconiza la religión del neoliberalismo o del libre mercado, sino que el Estado tiene que hacer cosas de manera permanente en las diferentes áreas en las que interviene, vale decir, el Estado tiene que operar permanentemente en las diferentes áreas en las que interviene o participa.
Se ve clarísimo que con la aplicación de un programa de gobierno desde la dirección del Estado se busca influir en la realidad material de la sociedad, con el fin de modificar cosas o aspectos de ella, para alcanzar o tratar de alcanzar el deber ser.
Y el deber ser hay que plantearlo a partir de lo que es, es decir, de la realidad y del conocimiento de la misma.
Y ese deber ser no debe estar divorciado de los fines últimos que persigue todo Estado con su intervención en la sociedad: el bien común, la solidaridad, el desarrollo, el progreso y el bienestar
Pero ningún programa de gobierno, sea bueno o no, debe aplicarse mecánicamente, porque el programa de gobierno no es la realidad, y la realidad de una nación es muy dinámica en su interminable e inagotable proceso de evolución y desarrollo.
Hay que subrayar que la realidad en su evolución y desarrollo futuro es ciertamente impredecible.
Otro asunto es que los gobernantes no deben ser presos o cautivos de una ideología porque la misma podría conducir en determinados momentos a una aplicación mecánica del programa de gobierno, habida cuenta de que la ideología, por lo general, no es ciencia.
La ideología puede convertirse o podría convertirse en un cuello de botella cuando pasa a ser expresión de la cerrazón: negación de la razón y de la lógica
Es el caso de López Obrador en México que ha ideologizado el accionar del gobierno y su gestión ha devenido en una verdadera retranca para el desarrollo de esa nación.
También hay que tener mucho cuidado con los populismos de izquierdas y de derechas muy en boga en el mundo de hoy.
Todo lo anterior significa que las promesas hechas en una campaña electoral, y contempladas en un programa de gobierno, no todas podrán llevarse a cabo, no todas podrán cumplirse. Y esto es así no solo por los límites temporales que tiene todo gobierno, sino porque la realidad verdadera no lo permite o no lo ha permitido.
La política nunca ha dejado de ser el arte de lo posible y de lo conveniente, pero lo conveniente no desde el punto de vista de la voluntad o de los intereses de los gobernantes, sino desde el punto de vista de los intereses generales de una nación y de su pueblo.
El arte de lo posible y de lo conveniente viene siendo la basamenta, el fundamento, la savia nutricia del arte de gobernar o del buen arte de gobernar.
Otras herramientas o arietes del arte de gobernar o buen arte de gobernar son el realismo, la objetividad y la prudencia.
Es cierto que si se hace un diagnóstico serio de la realidad del Estado dominicano tendrá que concluirse que hay algunas instituciones que deben ser fusionadas y otras que deben ser suprimidas.
Por ejemplo, de los últimos años de lo que fue ONAPLAN hay estudios que concluyeron en la necesidad de fusionar el INAZUCAR con el Ministerio de Agricultura, es decir, convertir a INAZUCAR en un viceministerio de Agricultura.
Hay otras instituciones que deben ser fusionadas o suprimidas como el INESPRE, el FEDA, lo que antes se llamaba Oficina de Desarrollo de la Comunidad –ODC-, etc. En el país tiene que haber un Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, de tal manera que haya en él el viceministerio de la mujer y el viceministerio de la juventud, por lo que habría que disolver o suprimir el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud.
El actual Ministerio de la Juventud es tan inútil e ineficaz que solo existe para celebrar el Día Mundial de la Juventud y conceder becas. La función de conceder becas está concentrada en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por lo que es una duplicidad o una redundancia que el Ministerio de la Juventud esté otorgando becas, aparte de que dicho Ministerio no tiene los fundamentos técnicos para asumir esa función.
Sin embargo, creo que no es racional que en el corto plazo el nuevo gobierno se aboque a suprimir instituciones.
Es indiscutible que las prioridades que tiene ante sí la nación y que tiene, por consiguiente, el nuevo gobierno son la gran crisis sanitaria y la gran crisis económica que nos consumen y devoran como pueblo y como nación.
La prioridad, por ende, es garantizar la sobrevivencia o supervivencia de la nación y del pueblo dominicano.
La gran crisis económica que ha generado la pandemia del Coronavirus ha elevado a la estratosfera el índice de desempleo ampliado, y si se comienza a suprimir instituciones desde el mismo 16 de Agosto el índice de desempleo llegará a niveles verdaderamente escalofriantes y espeluznantes.
La racionalidad y la prudencia aconsejan que el nuevo gobierno se aboque a estudiar profundamente, durante cuatro o seis meses, la realidad de las instituciones a fusionar y de las instituciones a suprimir.
Y ello así, además, porque los recursos que se liberen con las instituciones fusionadas y las instituciones suprimidas no dan ni para financiar el déficit fiscal, ni para financiar la actual deuda pública ni para financiar la necesaria expansión del gasto público, en fin, no dan ni para financiar la gran crisis sanitaria ni para financiar la necesaria reactivación de la economía dominicana.
Más tarde, cuando se haya estudiado a fondo el problema de las instituciones que sobran y de las que se solapan con otras, podrá procederse a fusionar y a suprimir instituciones como una manera de eficientizar y racionalizar la función pública.
También hay que tomar en cuenta que el proceso de fusión y de supresión de instituciones requiere siempre de un proceso legal que tiene necesariamente que pasar por el tamiz del Congreso Nacional.
¡Y ojalá que la decisión de suprimir o disolver instituciones no sea para dar paso a la creación de otras que sean peores!
¡Ojalá que la brújula de la prudencia, del realismo y de la racionalidad oriente y clarifique siempre la mente y el sentido común de los nuevos gobernantes a partir del 16 de Agosto!
Apostamos siempre por el desarrollo institucional progresivo y progresista del Estado y de la sociedad dominicana.
Y concluimos con la idea de que el programa de gobierno, por muy bueno que sea, ni es la realidad ni sustituye a la realidad misma!
AUTOR: DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA