Vacunarse contra el COVID-19 es un acto libre. Así está consignado en el proceso de vacunación que tenemos en marcha. Sin embargo, esto no puede ser tan libre que acabe afectando a quienes sí lo hacen.
La realidad resulta compleja, pues no es posible que una parte de la población se resista, por cualquier razón, a vacunarse. Se hacen ingentes esfuerzos económicos y logísticos para proteger a la población, como para que los resistidos amenacen a los que lo hacen.
En ese sentido, creemos que el Gobierno debe promover que las instituciones públicas y privadas obliguen a su personal a vacunarse por razones de seguridad de la salud de todos.
Nadie puede pretender ser tan libre que afecte el derecho de los demás.