EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.-La Procuradora de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, Wendy Alexandra González Carpio, aseguró este viernes que en el 2018 hubo una significativa reducción de la violencia de género en comparación con años anteriores en la provincia de Barahona, tras la política de prevención y protección a víctimas que implementa la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público.
Pese al registro de unas 1.255 denuncias de violencia de género e intrafamiliar y 145 de delitos sexuales asentadas en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de esta ciudad, las estadísticas reflejan una importante reducción de los casos señalados.
Sostuvo que la violencia física, patrimonial, verbal y psicológica en los meses de agosto y septiembre alcanzó solo 172 y 141 denuncias, respectivamente; seguido de julio y mayo con 136 en ambos meses, pero entiende que sí se hace la similitud con los datos de años anteriores, los niveles de violencias eran extremadamente preocupantes.
Precisó que en abril hubo 129 denuncias, noviembre 126; junio 124; en octubre 115, diciembre 110; mientras que en marzo fue donde hubo menos con 66 casos; en enero y febrero la estadística no enumera denuncias.
Señaló la magistrada González Carpio que en cuanto a las denuncias de agresiones sexuales, violencia sexual, acoso sexual, seducción de menores, incesto y exhibicionismo se presentaron también en 2018 una alentadora reducción con solo 145 casos.
Citó que los meses de noviembre y junio se asentaron en los archivos de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género 20 y 20 en cada caso.
Adelantó que en los meses de agosto, mayo, abril, septiembre y octubre se registraron en dicha unidad 19, 17; 15, 14 y 12, respectivamente.
Los meses con menor impacto de violencia sexual diciembre y marzo con 11 y 7 denuncias, por consiguiente, en enero y febrero la cifra cayó estrepitosamente con cero denuncias en ambos períodos.
Dijo que seguirán impartiendo charlas y orientaciones a padres de familias, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y entes sociales para que cooperen en mantener los índices bajo cero de las manifestaciones violentas.
