Es indudable que la crisis política derivada de la contradicción o confrontación entre la Generalitat de Cataluña y el Estado español produce efectos indiscutibles en la actividad económica.
La economía es muy sensible a la inestabilidad política o a las crisis políticas, y en ese contexto, los mercados, y sobre todo los mercados financieros, son hipersensibles también ante las crisis políticas.
En sentido general, no hay un desempeño sostenido y estable de la economía si no hay estabilidad política en la sociedad.
El capital es por naturaleza huidizo y, por lo general, se dirige hacia aquellas sociedades y naciones con los mejores índices en materia de estabilidad política, seguridad jurídica y con las mejores infraestructuras económicas y sociales (capital físico, capital humano, tecnología y procesos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento en gestación).
España ha estado envuelta en crisis políticas recurrentes en los últimos años. La primera de ellas se produjo cuando la figura del primer ministro se mantuvo en el limbo durante un dilatado tiempo debido a que las fuerzas políticas opositoras –Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos- con mayor peso en el Parlamento nunca se pusieron de acuerdo para confirmarlo.
Hubo que convocar a elecciones nacionales dos veces porque el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, no tenía mayoría en el Parlamento.
La segunda gran crisis política es la que se desarrolla, con gran tensión, en la actualidad entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno del Estado español con sede en Madrid.
Es innegable que estas crisis políticas se han desarrollado en el contexto de los efectos de las muy fuertes y devastadoras crisis económicas que se han desarrollado en los últimos años: la primera crisis económica arropó a España de 2008 a 2011 en el contexto de la gran crisis económico-financiera que abatió al mundo y que tuvo su principal fuente de generación en el sector inmobiliario con las hipotecas subprime en Estados Unidos; la segunda, se desarrolló desde el 2011 hasta el 2014-15 en el contexto del gran estallido de la crisis de la deuda soberana (deuda pública) en Europa.
España vivió con gran dramatismo su propia crisis de la deuda soberana: el déficit fiscal se colocó por encima de 10% como porcentaje del PIB y la deuda pública superó el 100% como proporción del PIB también.
Como consecuencia de la crisis de la deuda soberana la tasa de paro se fue al techo, colocándose por encima del 25%, quedó desmantelado o muy maltrecho el sistema de seguridad social, otrora orgullo de la socialdemocracia europea, el aparato productivo sufrió grandes reveses, expresándose esa estrepitosa caída de la producción efectiva y de la producción potencial en una drástica caída del producto interno bruto de esa nación.
Y esa crisis de la deuda soberana y sus terribles consecuencias se prolongaron debido fundamentalmente a que dicha crisis fue in correctamente administrada: en vez de aplicar políticas de estímulo al crecimiento económico recorrieron el no aconsejable camino de la austerización del gasto público, que lo que hizo fue profundizar y agravar la crisis de la deuda soberana.
La crisis de la deuda soberana también estremeció y conmovió los cimientos y fundamentos de la zona euro, es decir, la existencia de una moneda única, el euro, para los miembros de Unión Europea, de la que Gran Bretaña acaba de salir pero nunca fue miembro de la zona euro.
Es obvio que esta crisis económica tan fuerte provocó conmoción y estremecimiento en los mercados financieros, expresándose en los mercados bursátiles y en las bolsas españolas en un aumento continuo de las tasas de interés de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado español debido a los altísimos riesgos de esos instrumentos financieros de renta fija.
A partir del 2014-15 la economía española comenzó un proceso de recuperación muy lento. Pero ese proceso de recuperación de la economía española ha sido tan lento que se cree que será después del 2020 cuando la economía retornará al nivel del PIB y a la tasa de paro que tenía cuando comenzó la crisis en el 2008 o en el 2011.
Así como las crisis económicas pueden generar crisis políticas, también es cierto que las crisis políticas, a su vez, pueden impactar la economía y generar repercusiones negativas en ésta.
La inestabilidad política o la crisis política que se ha generado en España como consecuencia de la contradicción entre la Generalitat y el Estado español, debido a las pretensiones del gobierno de Cataluña de declarar unilateralmente la independencia de esta región autonómica de España, está produciendo efectos negativos sobre la economía catalana.
Comencemos señalando que Cataluña aspira a tener una mayor participación en los recursos que genera la fiscalidad de la región. También aspira a tener un mayor control de sus infraestructuras (aeropuertos, puertos, etc.). En otras palabras, Cataluña aspira a mayores niveles de participación en los recursos que genera la región y por lo tanto a una relación menos desigual o menos inequitativa entre el gobierno del Estado español, con sede en Madrid, y el gobierno de Cataluña.
Pero para forzar y lograr eso la Generalitat jamás debe apelar al expediente de lo imposible como es la declaración unilateral de independencia.
Creo que la salida a esa situación hay que buscarla dentro del orden constitucional y el Estado de derecho vigentes actualmente en España.
Incluso lo que la Generalitat debería estar planteando es la necesidad de impulsar una reforma constitucional para alcanzar mayores prerrogativas como comunidad autonómica o impulsar la convocatoria de una asamblea nacional constituyente con miras a definir una nueva constitución que apuntale a la configuración de un Estado republicano en sustitución de la actual monarquía constitucional que tiene España.
Las monarquías son en el mundo de hoy, y desde hace bastante tiempo, un anacronismo histórico. Creo que una nación con crecidos y astronómicos problemas económicos y sociales no puede darse el lujo de tener una muy improductiva y estéril burocracia monárquica, a cuyo mantenimiento y lujos el pueblo y la nación tienen que dedicar un alto porcentaje de su producto interno bruto.
Esos ingentes recursos deberían dedicarse a ampliar significativamente la capacidad productiva de España, a aumentar la capacidad de creación de empleos, a disminuir la desigualdad en la distribución y redistribución de las riquezas, a levantar y fortalecer su sistema de seguridad social, a fortalecer las capacidades autonómicas regionales y ampliar y profundizar los niveles de descentralización y a modernizar sus sistemas de educación y de salud.
Yo creo que el debate político en España, frente a las muy recias y recurrentes crisis económicas y políticas que ha vivido esta nación en los últimos años, debería estar centrado en ver cómo pasar de la monarquía constitucional al Estado republicano.
España tiene que revisar también la democracia parlamentaria y el sistema de partidos.
Mantener la obcecación de declarar unilateralmente la independencia no solo agravaría la crisis política provocando la intervención de Cataluña por parte del gobierno del Estado español sino que agravaría también la crisis económica en esta región con el éxodo de muchos capitales hacia otras ciudades de España.