Principio de legalidad y estados de excepción: mención sanciones administrativas

Por Erick S Rosario

En el caso de la República Dominicana, en muchísimo más de una ocasión el pueblo representado por sus respectivos congresistas correspondientes a cada demarcación ha votado lo que John Marshall, presidente de la Corte Suprema Estadounidense en el año 1803, denomina “Ley Suprema” pero en nuestro ordenamiento jurídico es denominado “Constitución”, cuyo sustento es normar la vida en sociedad sirviendo de guía y fundamento para el ordenamiento jurídico. Las garantías de derechos fundamentales y los mecanismos de realización de actos administrativos y jurisdiccionales les son oponibles a todos y cada uno de los miembros de contrato social, especialmente la Administración Pública, teniendo en cuanta que todo acto realizado por esta y contradiciendo la glosa constitucional posee el vicio de inconstitucionalidad y contrariedad con el ordenamiento jurídico.

Lo anterior es preciso para introducir el análisis de un conjunto de medidas tomadas por la Administración Pública Dominicana (En lo adelante APD) durante la etapa navideña del año 2020 y principios de año 2021, puntualizando la sanción pecuniaria a una empresa hotelera radicada en la parte este del país por parte del Ministerio de Turismo, este comercio fue sancionado realizar una actividad en la cual hubo una alta concentración de personas en vulneración de medidas para contrarrestar la crisis sanitaria producto del COVID-19. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y puntualmente constitucional, esta actuación administrativa es poseedora de un talón de Aquiles pues no hay una norma de carácter legal que faculte a este órgano de la Administración Pública a administrar este tipo de sanción de cara a esta conducta y tal como establece la propia Constitución Dominicana en su Art. 40, Núms. 13 y 15, “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa.” y “A nadie puede obligársele a hacer lo que la ley no nada ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. (…)”, por supuesto, en este entendido es imperativo hacer la observación que estamos ante una medida u actuación administrativa inconstitucional, ilegal y arbitraria. Todo esto teniendo en cuenta que en República Dominicana contamos con un ordenamiento donde la supremacía constitucional no es objeto de debates y se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, en donde los funcionarios que forman parte de la Administración Pública están inhabilitados para dictar actos y medidas que se sobrepasen de sus atribuciones legalmente impuestas y de los derechos adquiridos por los administrados.

En esta situación habrá quienes aleguen que producto del Estado de Emergencia en el que nos encontramos, este tipo de medidas encuentran una justificación, cosa del todo contrario a la realidad pues, primero, el Art. 266, Núm. 4 de la Constitución Dominicana establece durante los Estados de Excepción, en este caso Estado de Emergencia, las autoridades no quedan exentas del cumplimiento de sus obligaciones ni del cumplimiento de la ley, y segundo, entre los principios rectores de los Estados de Excepción se encuentra el principio de legalidad estando sometidas todas las actuaciones de la Administración a la voluntad de la ley y los mecanismos que garanticen su cumplimiento, tal y como correctamente lo indica el Magistrado y profesor Rafael Díaz Filpo en su libro Constitución Política, Política Constitucional.

Una puntualización importante al respecto es que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, para la erradicación de un acto administrativo y que este deje de tener los efectos que por su naturaleza le acompañan, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico en las formas y por las razones constitucionales y legales permitidas, como ha establecido el Tribunal Constitucional Dominicano en más de una sentencia, ejemplificando aquí la sentencia TC/94/14 que establece el criterio de que para que un acto administrativo cese su efectos debe ser revocado por la administración en cuestión o declarado nulo por la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Concluyendo aquí, la República Dominicana tiene un ordenamiento jurídico que claramente establece los medios y los procedimientos que deben ser observados para la administración de una sanción ya sea penal o administrativa, y todo acto que inobserve estos procedimientos ostente un vicio de ilegalidad e inconstitucionalidad. El Estado de Excepción no exime a la Administración Pública del cumplimiento de la ley ni de los mandatos que esta le ordena, y mucho menos le faculta a sancionar conductas que al momento de su realización ni constituyen ilícito ni penal ni administrativo.

Por Erick S. Rosario García

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