EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- El presidente del Gobierno libio de unidad que apoya la ONU, Fayez al Serraj, recordó hoy a la comunidad internacional que los avances en el respecto de los derechos humanos están condicionados en gran medida por la estabilidad que busca su país.
"Cualquier avance en derechos humanos y en el Estado de derecho está condicionado a la estabilidad y a los progresos en los frentes político y de seguridad", precisó Al Serraj al intervenir en la sesión inaugural de la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esa estabilización requiere -continuó- "poner fin a la proliferación y al uso descontrolado de armas, así como a las actividades de grupos armados y del crimen organizado involucrado en el tráfico de personas".
"Admitimos que, como otros países que sufren de conflictos armados y a pesar de nuestros esfuerzos, hay muchas violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas y torturas, que afectan a los civiles en varias áreas, pero estamos haciendo lo posible para alcanzar una solución política integral", declaró.
En esta línea, Al Serraj recalcó la importancia de la asistencia que la ONU provee a su país para desarrollar las instituciones estatales y pidió que se aumenten los recursos destinados a este fin.
Por otra parte, el presidente del Gobierno de unidad condenó un reciente anuncio de la autoridad política en el este de Libia prohibiendo a las mujeres menores de sesenta años viajar solas, la que fue suspendida temporalmente días después.
"Condenamos el anuncio de algunas autoridades ilegítimas que restringe el derecho de las mujeres a viajar alegando pretextos de defender la seguridad nacional", mencionó en el foro de derechos humanos.
Sobre la inmigración irregular que utiliza Libia como país de tránsito y partida hacia Europa, el político enfatizó el creciente desafío que esto supone en términos logísticos, humanitarios y de seguridad.
Aseguró que su Gobierno intenta mejorar las condiciones de los centros de detención donde se encuentran los inmigrantes que están varados en Libia.
La situación y condiciones de vida en esos centros han sido repetidamente denunciadas por entidades defensoras de los derechos humanos.
