EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Federación Nacional de Transporte Amigo de Peña Gómez (Fenatrapego), Eddy Sánchez, consideró que la nueva ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial es un código excluyente y discriminatorio que contraviene el artículo 7 de la Constitución sobre un Estado Social y Democrático de Derechos.
Sánchez manifestó que ponerle un límite de 60 año de edad a una personas para trabajar en el sector transporte público pasajeros es inconstitucional, debido a que la ley de trabaja establece los 65 años para optar por la jubilación y pensión: “La ley no plantea como se van a jubilar ni el monto de las pensiones a los trabajadores de transporte público de pasajeros”, apuntó.
Resaltó que la nueva ley elimina la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público, y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), por lo que deja desprotegidos a miles de hombres y mujeres del sector.
El presidente de Fenatrapego indicó que los legisladores se enfocaron en aprobar una normativa para recaudar fondos a favor de instituciones del Estado que de prevenir y corregir los problemas del tránsito en el país.
Criticó que las multas que se aplique a los conductores infractores de violar la ley, se distribuirá en un 75% se entregará a la Procuraduría General de la República, y el 25% al Intrant; mientras que al Ministerio de Salud Pública no se le asigno nada, ni se creó el mecanismo para garantizar el retiro de los miles de choferes del sector público de pasajeros, cuando ya no puedan ofrecer el servicio a la población.
Eddy Sánchez indicó que la ley es violatoria a la Constitución al prohibir que una persona que haya cometido algún delito penal y después de haber cumplido su condena se le excluya al derecho al trabajo en el sector transporte de pasajero: “La Constitución en su artículo 62 es clara cuando establece las normas sobre el derecho al trabajo de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en su numeral 3, 4 y 5.
El presidente de Fenatrapego aseguró que las trabas en la creada ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial desconoce el artículo 222 de la Carta Magna sobre la promoción de iniciativas económicas populares, donde establece que un deber del Estado proteger el desarrollo de la micro, pequeñas, mediana, cooperativas y las empresas familiares y otras fomas de asociación para el trabajo y la producción.
El dirigente choferil entiende que el Poder Ejecutivo debe observar la recién aprobada ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ya que diferentes disposiciones y artículos desconocen el rol de varias instituciones como el caso de los ayuntamientos, código laboral, el derecho a la protesta, entre otras.
