EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, manifestó este miércoles consternación ante la decisión del Consejo del Poder Judicial de disponer una investigación en contra de tres jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, magistrados Manuel del Socorro Perez García, Saulo Ysabel Díaz y Rosaly Yovianka Stefani Brito.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, Surún Hernández hizo un llamado a esta, a ceñirse a la legalidad y respetar la Ley de Carrera Judicial en todas sus partes y a pensar en la institucionalidad del Poder Judicial antes de asumir “poses mediáticas” que no hacen más que colocar en situación de precariedad al sistema de justicia del país.
El doctor Miguel Surún Hernández recordó que constituye una vulneración al derecho a la intimidad, buen nombre, y sobre todo, presunción de inocencia de los jueces.
No obstante, aclaró el Colegio no se opone a que se investigue a todos aquellos jueces sea comprobado cometieron faltas o contra quienes se sospeche hayan cometido desliz en el ejercicio de sus funciones, bajo la premisa del debido proceso.
“Esto implica que dichas investigaciones se mantengan bajo confidencialidad de los organismos investigativos, pues publicar de ante manos es decir, sin concluir la investigación, los nombres de los involucrados puede prestarse a la destrucción de honras de personas que en principio son beneficiados por la presunción de inocencia”, enfatizó Surún Hernández.
Externó además su preocupación por la indefensión que en estos momentos están presentando los jueces y juezas en la República Dominicana, colocando en una situación “bastante precaria la independencia del Poder Judicial”.
De acuerdo al dirigente gremial, esta situación coloca a todos los jueces y juezas en situación de terror, vulnerabilidad y preocupación por las decisiones que toman.
El Colegio de Abogados de la República entiende que todas aquellas personas que no están de acuerdo con una decisión de un determinado tribunal, deben recurrir a las vías del Derecho, y si entiende que existe un elemento que indica actos de corrupción, deben someter dichos elementos probatorios a las jurisdicciones competentes, las cuales deben actuar pero no sobre la base de publicar de antemano lo investigado porque podrían dañar de manera injusta la honra de jueces que probablemente tengan un historial limpio.
En ese sentido, reitera el presidente del Card, no puede haber independencia de poderes, ni justicia en la República Dominicana, mientras los encargados de administrar justicia sean objeto de violaciones a sus derechos fundamentales.
Por Lilliam Mateo
