EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ.- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, tildó hoy de «injustificada» e «ilegal» la huelga indefinida de los sindicatos prevista a partir de este lunes en rechazo de una reforma fiscal, y aseguró que así lo hará valer ante los tribunales.
«Este tipo de huelga es ilegal y así lo haremos valer ante los tribunales. Con el equipo de Gobierno, he tomado las medidas para asegurar que se mantenga el orden público y los servicios esenciales, y que se minimice la afectación a las personas», dijo Alvarado en una alocución nacional televisada la noche del domingo.
El mandatario lamentó que el paro afectará a las personas que van a sus trabajos, a los niños que quedarían sin clases y a las personas que esperan atención médica, cirugías.
«Con más razón, este llamado a huelga es injustificado e improcedente», expresó.
«Como nación estamos ante una encrucijada histórica y tenemos que elegir el camino a seguir. Mi Gobierno junto a los actuales diputados y diputadas estamos tomando el camino de la responsabilidad al atender un problema que se postergó por décadas», declaró el presidente.
Diversos grupos sindicales del sector público, entre estos de los de la educación, salud, energía, transportes y puertos, han anunciado una huelga indefinida a partir del lunes para exigir el retiro de la reforma tributaria llamada «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas».
«Confío en el compromiso de miles de empleados y empleadas públicas de presentarse a sus puestos a trabajar y le recuerdo a la dirigencia sindical que las puertas de mi Gobierno siguen estando abiertas al diálogo», manifestó el presidente.
La reforma fiscal tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
El proyecto, que buscar recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, especialmente pluses salariales en el sector público.
Los sindicatos afirman que la reforma tributaria afectará en mayor medida a las clases medias y bajas.
El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal será un primer paso para comenzar a corregir la situación.
