EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), expresó este martes sus preocupaciones sobre el caso de las nóminas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, alegando que estos casos, cuyas derivaciones afectan sensiblemente los recursos disponibles para una serie de servicios sociales que el país requiere con urgencia.
Indicó que recientemente, el Ministerio de Educación informó al país que había culminado un proceso de auditoría a la nómina docente de esa institución estatal, que había iniciado a principios del presente año. Sus resultados muestran el hallazgo de que más de 3,900 “docentes” no estaban ejerciendo ningún tipo de función en el sistema, pero recibían mensualmente sus salarios, lo que significa la permanencia de graves inconsistencias en el seno de nuestra arquitectura institucional.
Al mismo tiempo agregó que «una situación similar, pero de menor tamaño, se reveló en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se contrataron más de 50 asesores directos del Ministro, sin que dichas personas tuvieran una trayectoria en el mundo diplomático o de las relaciones internacionales. Se informó que en comparación con la pasada gestión, lo anterior representa en la Cancillería un aumento de más del 500% en la nómina de asesores».
Resaltó que uno de los aspectos vitales para el buen funcionamiento de los poderes públicos tiene que ver con el funcionamiento real del sistema presupuestario. Éste sistema debe sustentarse en una eficiencia razonable en el gasto, a fines de cubrir la mayor cantidad posible de servicios públicos indispensables requeridos por la población.
Agrega que como han expresado numerosos analistas y estudiosos en el tema, una de las distorsiones más graves que perviven en el Estado dominicano es la persistencia del sistema de reparto por parte de los partidos políticos de turno en el tren administrativo, a través del agigantamiento de la nómina pública. Esto genera un escenario que arropa a la Administración Pública con un exceso de servidores públicos, en ocasiones innecesarios, los cuales no tienen funciones claras y muchas veces no responden a criterios de mínima eficiencia ni tienen las competencias necesarias para su bueno desempeño.
«Según cifras oficiales, en el 2017, un 30.3% del gasto público del Gobierno Central se destina al pago de nómina. Resulta por lo tanto absolutamente inaceptable que una parte de dicho porcentaje esté dedicado al pago de salarios de personas que no ejercen ninguna función, o son improductivos o cuyos puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada», resaltó.
Así mismo destacó que este señalamiento ha mostrado ser una constante en el panorama institucional dominicano a lo largo de los años, lo que ha debilitado los esfuerzos que se han encaminado para la modernización del Estado en sentido general. Por ello, la discusión del manejo de los fondos públicos desde las entidades estatales, dentro de la actual coyuntura histórica, reviste tanta importancia y trascendencia para nuestro futuro y creemos que si es resuelto adecuadamente podremos avanzar en la construcción de políticas públicas eficaces y esenciales para fortalecer la naturaleza de la función pública.
Señaló que no se corresponde con los principios constitucionales que regulan la Administración Pública, establecidos en el artículo 138 de nuestro texto constitucional: eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. Por tanto, es grave permitir que pervivan este tipo de irregularidades en nuestro Estado, contraviene a la misma Constitución y las leyes, señaló .
«Por ende, el Estado debe profundizar los avances que en materia de función pública se han realizado en diferentes instancias bajo la coordinación de órganos como el Ministerio de Administración Pública. Ello representa una alta prioridad que redundará en una mejor atención de las actividades estratégicas consideradas en los planes institucionales, así como los objetivos y metas de los planes del desarrollo nacional, sectorial, regional y municipal, según corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico» inidcó.
