EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este lunes una comisión especial de diputados encabezó unas vistas públicas para conocer las opiniones de distintos sectores en torno al proyecto que busca legitimar por ley el uso de medios digitales en materia de justicia, una pieza que enfrentó a jueces y abogados sobre la pertinencia o no de la virtualidad en la justicia.
Los jueces, representantes de salas de apelación y distritos judiciales, entienden que la virtualidad de las audiencias «es opcional» y que este método sólo se llevará a cabo si todas las partes involucradas en un caso están de acuerdo y agregaron que los casos que se conocen de manera virtual contribuyen a reducir procesos burocráticos y administrativos para proteger los derechos de los imputados.
Sin embargo, abogados de distintos sectores manifestaron su oposición al proyecto alegando que República Dominicana aún no cuenta con los avances tecnológicos necesarios para hacer audiencias virtuales ya que, según dijeron, un gran porcentaje de la población no tiene acceso a servicios de internet, además de que, con herramientas virtuales, «se violan» derechos de todas las partes involucradas en un caso.
En la consulta pública celebrada en el salón de la Asamblea Nacional, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún, argumentó que «lo reprochable» de este proyecto es que supuestamente no se utilizaría para hacer más eficiente el uso de la tecnología, sino para «pisotear» algunos derechos.
Surún expresó que los abogados no encabezan una lucha para rechazar la tecnología, sino para preservar el derecho de muchos dominicanos que aún no tienen acceso al internet y deploró que jueces estén las vistas públicas para apoyar un proyecto de audiencias virtuales «cuando su función debe ser siempre resguardar derechos».
De su lado, el abogado Amado Moquete, también representante del CARD, indicó que lo que expresa el controvertido proyecto de ley «es sencillamente inaudito» ya que, según dijo, se irrespetarian los derechos de muchos dominicanos que aún no tienen cómo acceder a la tecnología.
Otro representante del CARD, el abogado Diego José García, se cuestionó sobre «en qué país viven» los que luchan por audiencias virtuales porque, según detalló, alrededor del 60% de los dominicanos no usa la tecnología y deploró que a través del Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia «quiera lesionar a los verdaderos intereses del país».
En contraste a estos alegatos, varios jueces mostraron su respaldo a la iniciativa. Es el caso del juez de paz de La Vega, Fernando Arturo Abreu, quien señaló que la aprobación de la ley de uso de medios digitales permitirá que menos personas tengan que ausentarse de sus empleos o gastar dinero en transporte de una ciudad a otra, ya que la virtualidad les permitirá resolver sus casos judiciales de una manera más efectiva.
De su lado, Daisy Ulloa, coordinadora de la Defensa Pública de Santiago, manifestó que apoya el proyecto porque, entre otras cosas, rige el principio de la opcionalidad de las audiencias virtuales, por lo que estas audiencias no serían de carácter obligatorio, sino consensuadas por todas las partes.
Así también lo explicó el presidente de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, el juez José Saul Taveras, quien acotó que los abogados «sólo tienen que decir que no» en caso de que rechacen una audiencia virtual, pero no oponerse a que se deseche el proyecto de ley de uso de medios digitales.
Otros sectores opinan
Los empresarios también hicieron valer su voz y representados por Perla Contreras, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró la pieza que estudia el Congreso y recomendó que se establezca quiénes deben realizar el reglamento de la ley, ya que el mismo no está claro, además de revisar las firmas electrónicas que se utilizarán en los casos judiciales.
También, la presidenta del Observatorio de Medios Digitales, Cristal Acevedo, sugirió que el artículo 11 del proyecto sea modificado para que no sea únicamente un juez el que determine la virtualidad o no de una audiencia, sino que esta sea acordada por todas las partes ya que, como explicó, datos oficiales apuntan que menos del 70% de la población tiene acceso a internet y otro gran porcentaje aún tiene dificultades con la energía eléctrica.
Opiniones serán evaluadas
EL presidente de la comisión especial que estudia el proyecto de ley, el diputado Víctor Fadul, apuntó que finalizadas las vistas públicas, el equipo que dirige se abocará a leer y analizar todas las opiniones y a seguir invitando sectores a las reuniones de la comisión para rendir un informe lo más adecuado posible ante el hemiciclo de la Cámara Baja.
