EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINIGO.- En 2017, el gobierno del expresidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, sin embargo quedó pendiente la Ley de Extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que fue objeto de muchos debates y aprobada en dos lecturas por el Senado de la República, pero nunca decretada.
«Si hay algo que yo dije en 2017 fue: ‘esto va a cambiar la forma de hacer negocios'», dijo de entrada el contador público autorizado Roberto Mella, dentro de un minipanel desarrollado en el espacio «Econométrica», con Clara González, dentro de la plataforma El Nuevo Diario.
En ese sentido, Mella explicó que, de ser aprobada la norma, se protegería a las diferentes organizaciones que son llamadas «sujetos obligados», pero también crear una cultura de realizar negocios éticos, «no solamente rechazar el crimen, también rechazar el dinero proveniente del crimen».
Y es que, según explica el panel de expertos junto a la ley de lavados y contra el terrorismo, la ley de extinción de dominio es una «pieza fundamental» contra la corrupción y las actividades ilícitas en general que le vendría como anillo al dedo a la campaña anticorrupción que han emprendido las nuevas autoridades del país.
Por su parte, para la abogada, especialista en prevención de lavado de activos, Paola Romero, entiende que el prinicipal reto del sector ha sido que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no cuente con la estructura de supervisión adecuada para los llamados «sujetos obligados», como se les denomina a las personas físicas o jurídicas que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación del terrorismo.
«En virtud de las cosas que están sucediendo ahora mismo y viéndolo de cara al lavado de activos desde el punto de vista penal, eso va a significar un reto grande para las empresas», apuntó Romero, agregando que vivimos en una sociedad donde es más difícil lidiar con el rumor público o con una acusación del propio Ministerio Público, que con una sentencia condenatoria.
La experta opinó que «al no haber cambiado el chip», muchas personas no conocen dónde está el límite de con quién hacer negocios «y eso es algo sumamente delicado».
De cara a la prevención de lavado de activos, Romero entiende que República Dominicana necesita capacitar y fortalecer el sector no financiero y que los sujetos obligados entiendan los retos que se asumen cuando se emprenden negocios poco éticos y responsables.
El pasado domingo, la Fiscalía lanzó una operación contra funcionarios del pasado Gobierno y proveedores del Estado, que llevó a la detención de diez personas, entre ellos dos hermanos del expresidente, Juan Alexis Medina y Carmen Magalys Medina.
Juan Alexis Medina es sospechoso de hacer negocios ilícitos con el Estado durante la administración de su hermano, y Carmen Magalys es sospechosa de diversas irregularidades mientras estaba al frente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de las instituciones que ha prometido liquidar Abinader.
Econométrica – Panel sobre Ley de Extinción de Dominio y su necesaria aprobación
