EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Líderes políticos, juristas y entidades de la sociedad civil difieren sobre la disposición del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que conmina a los aspirantes a cargos electorales de cara a las elecciones de 2020 a suspender sus actividades proselitistas.
Mientras algunos han expresado su respaldo a la medida de la JCE, entre los que se inscribe el expresidente Hipólito Mejía, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), y el movimiento cívico Participación Ciudadana, quienes la rechazan tras calificarla de inconstitucional, antidemocrática y carente de legitimidad.
Entre los opuestos, y más radical en sus pronunciamientos está en el expresidente Leonel Fernández, que advirtió que la (JCE) no tiene facultad para restringir los derechos fundamentales.
Fernández, también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), argumentó su postura afirmando que la facultad reglamentaria que la Constitución de la República le otorga a la JCE no le permite establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, libertad de reunión y libertad de circulación.
Asimismo, el exmandatario alertó que en la República Dominicana no puede haber ninguna sanción por la práctica extemporánea de campaña política, debido a que el país no tiene ninguna disposición legal vigente en este sentido.
Para algunos, esta medida de la JCE sería en contra del expresidente Fernández. En ese sentido, el regidor y dirigente peledeísta, Ruddy Castro, es de opinión de que el organismo comicial “pone sus cañones contra el expresidente, porque éste ya salió a las calles y ha recibido un gran apoyo popular”.
En una disposición firmada la semana pasada por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, y por los demás miembros del organismo, la JCE señaló que dicha práctica «transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales».
Para el precandidato a la Presidencia por PLD, Reinaldo Pared Pérez, la JCE «se excedió» al conminar a los aspirantes a cargos electorales de cara a las elecciones de 2020 a suspender sus actividades proselitistas.
Durante una actividad política en La Vega, Pared Pérez basó sus críticas a la medida señalando que «el párrafo cuatro del artículo 212 de la Constitución de la República» faculta a la JCE para reglamentar, pero en el marco de una campaña electoral que se lleve a cabo».
En tanto, el PRD favoreció la medida, dado que la Ley Electoral indica de manera precisa el tiempo en que está permitido el proselitismo político abierto, y «prohíbe la apertura de procesos de campañas antes» de lo estipulado, por lo que «vemos pertinente la medida de la JCE en ese sentido».
No obstante, precisó en un comunicado, que eso no impide que los partidos se mantengan trabajando en sus procesos de organización y adecuación interna de sus estructuras directivas.
También, el PRSC respaldó la decisión del Pleno de la JCE, por considerar que el órgano tiene facultad reglamentaria para tomar esa decisión, «y ya era tiempo de que lo usara», a juicio de su secretario general, Ramón Rogelio Genao.
«El PRSC saluda y respalda la decisión del pleno de la JCE de prohibir el proselitismo y propaganda extemporánea», agregó, en una nota de prensa.
En sentido contrario se manifestó el abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, que tildó la restricción dispuesta por el órgano electoral de «antidemocrática y trujilloniana».
A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Castillo opinó que «si las nuevas caras de la política no pueden promoverse ni hacer proselitismo para ningún cargo electivo ¿Cómo se aspira a una renovación de liderazgo?».
En tanto, el abogado Namphi Rodríguez se mostró en contra de la medida y advirtió de que la decisión de la JCE «no es compatible con la Constitución, porque pretende limitar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de reunión por una simple resolución administrativa».
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, precisó que la Constitución establece una reserva de ley orgánica para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, para lo cual se debe respetar su contenido esencial y el principio de proporcionalidad que impide que sean constreñidos más allá de lo estrictamente necesario.
Diputados oficialistas afines a la corriente del expresidente Fernández tampoco le dan legitimidad a la disposición de la JCE, tal y como señaló el coordinador de campaña, Bautista Rojas Gómez (Bauta), quien dijo que continuarán en sus labores políticas.
Contrario a esto, el ex miembro de la JCE y actual vocero del expresidente Mejía, Eddy Olivares, advirtió que el desacato de la resolución de la Junta es un delito electoral castigable con prisión correccional de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 2 mil a 5 mil pesos.
En una publicación a través de la red social Twitter, Olivares sostuvo que las referidas sanciones están contenidas en el artículo 22 de la Ley Electoral.
En coincidencia con su vocero, Hipólito Mejía expresó este domingo su apoyo a la resolución del órgano de electoral, y felicitó al Pleno «por la responsabilidad mostrada al dictar esta correcta disposición”. ”Estimo que esta es la manera natural de un administrador electoral ganarse la confianza de la ciudadanía”, añadió el exgobernante.
Asimismo, confió en que «esta será la primera de muchas resoluciones justas que tomará ese órgano para garantizar que las elecciones generales del 2020 sean íntegras.»
En ese sentido, exhortó a los miembros del Pleno a dar cumplimiento, de forma estricta, al artículo 211 de la Constitución de República, que dispone que ese órgano y las juntas electorales municipales, bajo su dependencia, tiene la responsabilidad de garantizar la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones.
También, Participación Ciudadana expresó este domingo su total apoyo a la resolución señalando, «valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente, ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la República le asigna al organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas».
Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, «uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos”, agregó.
PC señaló que la limitación de las campañas «es una conquista que la mayoría de los países democráticos han puesto en práctica desde hace décadas» y que se justifica por diversos motivos.
