Policías abogados: ¿Jueces y partes?

Por Miguel Melenciano sábado 26 de agosto, 2017

A veces, el querer hacernos simpático para algunos sectores, nos lleva a perpetrar ciertos errores en el presente, que podríamos pagar muy caro en el futuro, pero más aún, cuando se cae en la utilización de medidas de cortes populistas para beneficiar a un grupo, en detrimento de la mayoría, así como de principios asumidos, cual si fuere juramento.

Es el caso de los policías, a quienes, no vamos a cuestionar el derecho que tienen de ejercer la profesión de abogado, después de estudiar y conseguir graduarse de Licenciado en Derecho, ellos hicieron todo el esfuerzo para lograr investirse en esta carrera, pero al mismo tiempo, eligieron proteger a la comunidad. Y como tal, su función es prevenir la comisión de delitos, esclarecer los ilícitos, y como tarea fundamental resguardar la legalidad.

Por ello, para cumplir con sus funciones dentro del cuerpo policial, así como los principios de la institución del orden, el uniformado en ningún momento puede embarcarse en el ejercicio de la profesión del derecho, pues, no puede ser un elemento restrictivo, y al mismo tiempo, desempeñarse como abogado en defensa de intereses particulares.

Tal actuación, desata una incompatibilidad de roles o funciones que afecta el deber de independencia, imparcialidad y honestidad profesional que todo funcionario público debe observar, como lo establece el Código de Organización Judicial (Ley Nº 879/81) de Paraguay, al limitar a los abogados-policías el ejercicio de la profesión.

Dando consistencia a esta ley, la Secretaria de la Función Pública de Paraguay (SFP) evacuó el Dictamen DGAJ Nº 611/2010, en donde expresa que, “esta restricción a la libertad del ejercicio de la profesión de abogado es encaminada a prevenir el tráfico de influencias, la incompatibilidad de funciones y el conflicto de intereses entre los deberes inherentes al cargo en la función pública y los provenientes del ejercicio liberal de la profesión”.

Las actuaciones de policías en el ejercicio administrativo de la abogacía, genero un escándalo de corrupción y tráfico de influencia recientemente en Tegucigalpa, Hondura, en donde se descubrió que unos 40 abogados-policías conformaron una red atreves de la cual se traficaron autorizaciones, permisos no justificados, borrón y alteración de informes y dictámenes, por cuyo servicios cobraran entre, 5 mil y 50 mil lempiras.

Fundamentado en estos criterios, y la fragilidad de la institución policial dominicana, mal podría la Cámara de Diputado, acoger el proyecto de ley sometido recientemente a ese hemiciclo por el diputado, Manuel Elpidio Báez Mejía, el cual procura permitir el ejercicio de los abogados- policías en asuntos corporativos administrativos y litigiosos, puesto que sus actuaciones en la dualidad de funciones, provocarían preferencias o privilegios indebidos de grupos o personas, por encima del interés público.

Mi sugerencia en este caso, es que, a esos agentes del orden público que se han esforzados en estudiar hasta investirse de licenciado en Derecho, por su especialidad, deberían ser mejorado en su salario, para que no se vean en la obligación de tener que ejercer la carrera de abogado debido a la necesidad económica en que se encuentra.

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