El pasado lunes 20, inició el año escolar con no pocos inconvenientes. El daño causado al sistema educativo debido a la larga suspensión de las clases provocada por la pandemia y la falta de respuesta a tiempo de las nuevas autoridades para retomar el ritmo anterior, se han sumado a las desviaciones, limitaciones y deficiencias estructurales que el sistema educativo arrastra desde hace décadas.
Una de ellas lo constituyen los planteles escolares en mal estado, incluso algunos tan poco aptos para impartir docencia, que hasta representan una amenaza a la salud y a la vida misma del escolar. Aunque siempre se trata de manera coyuntural y aunque el “descuido de las autoridades” será siempre una de las principales causas utilizadas para explicar el problema, existen otras causales que a veces son de más impacto, hasta el punto que pueden influir en ese mismo descuido con su impacto negativo en la calidad del aprendizaje de los escolares.
Como consecuencia de lo arriba expuesto, considero que los gobiernos podrán construir y reparar cualquier cantidad de escuelas, como al efecto construyó el gobierno de los dos periodos constitucionales anteriores. Y sin embargo, cada año tendremos más centros educativos deteriorados, hasta tanto no se enfrente el problema de raíz, en su multiplicidad de causas. En tal virtud me atrevo a adelantar tres como los problemas que están afectando con mayor incidencia este resultado funesto de las escuelas y las aulas en mal estado.
Primero. La falta de una política integral definida de construcción y reparación de escuelas que responda a las necesidades de las comunidades y los propósitos educativos gubernamentales. Que permita superar las deficiencias y falta de previsión ancestrales en el diseño, planificación, asignación y supervisión de los planteles escolares a construir o reparar.
Esto ha traído por consecuencia planteles mal diseñados o deficientemente construidos que son inadecuados desde el principio o que se deterioran muy rápido, ya sea por la baja calidad de los materiales utilizados o la falta de servicios complementarios adecuados, tales como energía, sanitarios, manejo de desechos sólidos o el agua. O ya sea porque no se previeron los problemas climáticos o ambientales de la localidad, o de los requerimientos de la carga de la matrícula escolar a recibir.
Segundo. La falta de conciencia y empoderamiento de parte de la comunidad educativa (Directores, maestros, alumnos, padres, madres y amigos de la escuela) para cuidar la infraestructura de sus centros educativos, lo cual provoca que los propios usuarios del plantel, maestros y alumnos, lejos de cuidar, mantener limpia y decentemente presentada la infraestructura escolar, la deterioren y descuiden. Parte de la respuesta a esto debería ser organizar y formar a la comunidad educativa para que se involucre y participe desde la construcción misma del plantel y en los mantenimientos y reparaciones que se le hagan.
En tercer lugar. La centralización excesiva de la gestión de los centros y en particular del mantenimiento y reparaciones de la infraestructura escolar. Aunque formalmente en la Ley Orgánica de Educación del 2007 está establecida una estructura de descentralización del sistema educativo con Juntas regionales, distritales y de centros educativos, en los que participan estudiantes, maestros, padres, madres y amigos de la escuela, junto a funcionarios locales del ministerio de educación, lo cierto es que todavía es la hora que la mayoría de las decisiones, gastos e inversiones en los centros educativos se deciden y administran desde la sede central.
Lo anterior hace imposible que las Direcciones de Infraestructura Escolar y de Mantenimiento y Embellecimiento Escolar puedan responder con agilidad y eficiencia a las demandas de más de 5,000 planteles escolares distribuidos en toda la geografía nacional. Y se podría argumentar que muchas veces las autoridades locales administran mal, pero esto responde a que los pocos recursos que se han descentralizado, se ha implementado de forma desorganizada, sin procedimientos bien establecidos y una supervisión adecuada con su régimen de consecuencias.
Pero también han faltado programas extracurriculares de formación y acompañamiento en descentralización para toda la comunidad educativa, complementados con un régimen de acreditación que vaya asignando los recursos de la centralización a los centros educativos que vayan cumpliendo con las buenas prácticas de administración pública, establecidas por los órganos rectores del Poder Ejecutivo.
Finalmente apuntar que las soluciones a estos tres problemas no pueden verse de manera aislada, pues los mismos están muy interrelacionados entre sí, y a su vez responden a una problemática común de carácter político y gremial (clientelismo y corrupción), ideológico y educacional, que se encuentran en la base de toda la dinámica educativa nacional, regional y local y que impactan negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, que es el fin último del servicio educativo.
En definitiva, son trabas de carácter sistémico, y para abordar las soluciones se debería hacer desde una visión holística, no unilateral, del sistema educativo y la calidad de los servicios que ofrece, gestionando los subsistemas docente, socioeducativo y administrativos de forma integral y coordinada, para encontrar correctivos efectivos a problemas concretos e incorporarlo en programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que superen de forma progresiva, pero definitiva, las trabas que como esta de la infraestructura escolar deficiente, históricamente vienen afectando a la educación dominicana.
Por Nelson De Los Santos P. (*)