EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano se unió hoy a los grupos que exigen que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, dimita tras hacerse público que acordó con una empleada de su municipio dejar sin efecto una demanda contra él por hostigamiento sexual a cambio de una compensación económica.
La petición de Serrano, quien lidera en la isla la defensa de los derechos de los homosexuales, llega después de que se hiciera público que O’Neill, miembro del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), alcanzó un acuerdo con una empleada, cuya identidad no fue revelada, del Municipio de Guaynabo -uno de los más importantes de Puerto Rico- para poner fin a la demanda.
La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, reveló que la perjudicada presentó una querella administrativa contra el alcalde el pasado 20 de diciembre de 2016, ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinaria (UPAD).
El 22 de diciembre de 2016, el Panel emitió una orden de protección a favor de la querellante imponiendo medidas preventivas y de seguridad.
Cotto Vives señaló que el 27 de diciembre de 2016 la querellante notificó a la UPAD, por escrito, que había llegado a un acuerdo con el alcalde O’Neill para solicitar la desestimación de su querella, sin mediar presiones.
"El alcalde de Guaynabo tiene que renunciar o tiene que ser expulsado. No queda de otra. Si no renuncia es porque se cree que puede violentar la dignidad de una mujer y salirse con la suya porque sabe que tiene el aval de su partido. Si el PNP y el gobernador no lo expulsan se convertirían en cómplices del hostigamiento, del abuso y del machismo", sentenció Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s indicó que "es inconcebible el silencio de sus correligionarios. Antes, las mujeres legisladoras hacían conferencias de prensa y se vestían de negro para denunciar lo que catalogaban de injusticias, pero hoy no dicen nada".
"Este silencio, esta inacción, esta complicidad viene de un partido que eliminó la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas. Precisamente, ese currículo busca que el hostigamiento sexual no ocurra, busca prevenir estas situaciones", concluyó Serrano.
La senadora del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López León reaccionó ante lo que en un comunicado definió como inacción de las autoridades por un caso de hostigamiento sexual.
López León sostuvo que para poner fin a la demanda se alcanzó, con fondos públicos, un acuerdo que habría supuesto una compensación a la demandante de 300.000 dólares, aunque se señala que la cifra pudo alcanzar el medio millón de dólares.
"La dignidad del ser humano es inviolable, indica nuestra Constitución. Hostigar sexualmente a una persona rompe con ese mandato y cuando le sumas una negociación de 500.000 dólares de fondos públicos te conviertes en una persona despreciable que no merece el privilegio de estar cerca del servicio público", afirmó López León.
