Piden ciudadanos empoderarse y solicitar Alcaldía acceso información pública

Por Carlos Luis Baron domingo 5 de marzo, 2017

EL NUEVO DIARIO, PARAÍSO, BARAHONA.- Grupos sociales incitaron este domingo a munícipes de esta localidad acudir a la sede del Ayuntamiento y solicitar todas documentación concerniente a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, que reciben mensualmente.

Significaron que los ciudadanos deben empoderarse, debido a que las autoridades locales no pueden estar por encima de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, ya que en los últimos días el manejo de los recursos ha recibido serios cuestionamientos a través de las redes sociales.

Dicen que el alcalde, Rafael Leger, no puede seguir actuando al margen de la ley, ya que cada administrador de los recursos públicos debe ser lo más transparente posible.

Apuntaron que las autoridades municipales deben garantizar a los ciudadanos una información completa, veraz, adecuada y oportuna como lo indica el artículo 1 de dicha ley.

Exhortaron acudir al Ayuntamiento periódicamente y hacer cumplir sus derechos al solicitar la información de las actividades que realizan con los recursos del Estado, ya que todo funcionario público debe ser obediente a la ley y suministrar acceso al manejo del presupuesto que reciben.

Dicen que de acuerdo al artículo 7, todos tienen derecho de buscar, solicitar, recibir y difundir todas las informaciones pertenecientes a la administración del Estado, al tiempo de señalar que la solicitud de la información debe ser planteada de forma escrita y entregada en un plazo de 15 días hábiles.

Advirtieron que en caso de la información ser denegada, aplicaran los pasos que indica el artículo 29, que establece que ejercerán un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de garantizar el libre acceso a la información.

Según el artículo 30, el funcionario público que de forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con penas privativas de libertad de seis meses a dos años de prisión; también será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

POR OMAR MEDINA

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