EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Jean Cristofer Pérez condenó este lunes que se estén cometiendo abusos por parte de empresas privadas en perjurio de sus empleados, solicitando al Ministerio de Trabajo dar seguimiento a los casos para así endurecer de inmediato su política garantista de los derechos de los trabajadores dominicanos.
Mediante nota de prensa, Pérez solicitó la intervención de dicho Ministerio ya que funge como ente regulador de las relaciones laborales entre empleadores y empleados.
Agregó que dentro de las faltas que están cometiendo estas empresas, están el aumento excesivo de trabajo por un mismo salario, reducción de salario sin justificación, abstinencia al pago de seguros médicos a los empleados, y hasta suspensión temporal sin disfrute de salarios y sin ningún tipo de ayuda.
“Me permito citar el caso de la joven Nelly Vallejo, empleada de un call center llamado ERC BPO, quien estando embarazada y bajo amenaza de aborto fue suspendida de su trabajo, en violación a sus derechos laborales”, indicó el jurista.
Igualmente, añadió que la misma “teniendo ya siete meses laborando no se encuentra inscrita en la seguridad social, es decir no posee seguro médico, y segundo porque durante el tiempo de la suspensión no ha recibido ninguna retribución económica por esta empresa”.
“Pero mucho menos fue registrada en el plan FASE suministrado por el Gobierno a las empresas del país, para que pudieran soportar los efectos de la crisis económica derivada del coronavirus”, puntualizó.
Asimismo, se indicó que es entendible que algunas empresas afectadas por la situación de crisis sanitaria que vive el país, y reducido los servicios que ofrecen, se hayan visto en la obligación de despedir un porcentaje significativo de sus empleados, pues el propio Código de Trabajo de la República Dominicana en su art. 75 sobre el desahucio, establece que el empleador puede ejercer su derecho de poner fin a un contrato de trabajo mediante aviso previo y sin alegar causa.
En ese orden, explicó que no debe ser permitido que empresas que no han sufrido drásticamente el impacto del coronavirus, pues siguen realizando con normalidad sus ventas y servicios, y por consiguiente percibiendo los mismos ingresos, estén despidiendo personal para adjudicarle el doble de trabajo a los empleados que se queden, explotándolos por el mismo salario y de esa manera reducir costos de operaciones y hacerse más ricos.
Pérez solicito al nuevo director del Ministerio de Trabajo de la República dominicana, Luis Miguel de Camp, investigar y sancionar a través de los inspectores de la institución, a las empresas que incurran en violaciones de derechos que vayan en perjuicio de la clase trabajadora del país.
