EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Sectores empresariales e industriales pidieron hoy a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial actuar con firmeza, determinación y agilidad, aplicando todo el peso de la ley a los funcionarios, exfuncionarios, personas y empresas que podrían estar vinculados al caso de entrega de sobornos por 92 millones de dólares de la firma constructora ODEBRECHT
Este caso, expresan que podría ser considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción de la República Dominicana en los últimos años, pone al descubierto una cultura de sobornos, así como la debilidad institucional en el país.
En un comunicado, los empresarios entienden que esa situación representa una oportunidad para que las autoridades competentes demuestren su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, haciendo que el mismo llegue hasta sus últimas consecuencias y que se convierta en un precedente aleccionador que ponga fin a este tipo de prácticas.
Indican que insólito caso ha tenido importantes repercusiones nacionales e internacionales, y ha generado un gran perjuicio económico para nuestro Estado y todos los contribuyentes.
De igual forma, consideran que afecta de manera sensible la libre empresa, como consecuencia de la implementación de prácticas que, con el objetivo de asegurar la obtención de los principales contratos de infraestructura por parte de esta empresa, dificultaron de manera directa las posibilidades de otras empresas de acceder a los mismos, provocando incluso que muchas tuvieran que salir del mercado por esta competencia desleal.
Reiteran su compromiso de continuar colaborando con el fortalecimiento institucional del país, así como con la promoción del cumplimiento del ordenamiento constitucional y legal, tanto por parte de las empresas privadas, como de las instituciones del Estado, así como de todas las medidas tendentes a sancionar y a evitar que se produzcan este tipo de acciones, pues las mismas laceran la imagen, credibilidad y el desarrollo económico de la República Dominicana.
El documento está suscripto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Dominicana de la Industria eléctrica (ADIE), Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
También la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
Igualmente la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS), Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)
Asimismo la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas de la República Dominicana (ASIBEGAS), Asociación Dominicana de Igualas Medicas & Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS), Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), y Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), entre otras entidades empresariales.
