EL NUEVO DIARIO, GUATEMALA.- Debido al aumento de ataques hacia activistas y jueces, la Comisión Interamericana de Juristas hizo un llamado hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que verifique «in situ» el hostigamiento y los ataques que sufren ambos sectores.
En un comunicado, la ONG internacional, con sede en Guatemala, pide a la CIDH, al subcomité de Derechos Humanos del Parlamentario Europeo y al Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados que «visiten el país y puedan verificar» la situación a la que están siendo sometidos, mediante «acusaciones espurias» y ataques sistematizados.
La CIJ, que manifestó su «profunda preocupación», dijo que los jueces se encuentran bajo la presión del Sistema Disciplinario del Poder Judicial, usado «indebidamente por grupos y personas descontentas con las decisiones judiciales en casos de alto impacto».
«La difícil función que cumplen jueces y juezas en el presente contexto, hace evidente que son objeto de ataques que buscan afectar su función como profesionales honestos e independientes», por lo que piden diseñar un sistema de Carrera Judicial que garantice su imparcialidad.
Entre el pasado 18 y 19 de junio, se celebró en Guatemala una serie de jornadas sobre independencia judicial con representantes de diferentes asociaciones de jueces de Centroamérica y ahí se pudo constar que existen «actos arbitrarios», como intentar amedrentarlos para «apartarlos del proceso o bien para lograr su destitución».
Como ejemplo pone el caso de las juezas Ericka Aifán o Yassmín Barrios, o los de Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano o Pablo Xitumul, quienes están «bajo presión y asedio del régimen disciplinario» debido a la función «independiente» que cumplen al aplicar «imparcialmente» el derecho entre los ciudadanos.
Estos togados son particularmente conocidos en el país por estar a cargo de procesos de alto impacto, como los casos de corrupción que implican al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), entre otros, o causas de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Esos funcionarios, explica la CIJ, tienen denuncias «espurias» presentadas en su contra ante el régimen disciplinario del Poder Judicial o ante otras instituciones del Estado de Guatemala que deberían ser «desestimadas in limine».
En este contexto, continúa, el Estado de Derecho en Guatemala está «en riesgo» y ante ello hace un llamamiento a los funcionarios para que hagan «el mayor esfuerzo posible» para lograr que «el principio de legalidad vuelva a ser el fundamento».
La función de los jueces y los defensores de derechos humanos fue resaltada en una resolución del Parlamento Europeo en 2017, en la que se reconocía que ambos grupos «han sido objeto de intimidación y denuncias falsas», incluido el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez.
Ante esta situación, la CIJ insta al Estado y a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala a «asumir un papel mucho más activo» en la defensa de los jueces que actúan «con imparcialidad» y pide respetar y aplicar esa declaración del Parlamento Europeo, de fecha de 16 de febrero del año pasado.
En el documento hecho público este viernes, la ONG también lamentó la muerte de unos 7 defensores de derechos humanos en las últimas semanas, miembros sobre todo del Comité de Desarrollo Campesino y del Comité Campesino del Altiplano.
Unos ataques que relaciona con el intento del Congreso de reformar la Ley de Reconciliación Nacional para provocar «más impunidad» y aprobar una amnistía por crímenes de lesa humanidad.
«Todos estos ataques y acciones sugieren que se está llevando a cabo una estrategia de presión y represión selectiva, analizada y definida en forma coordinada, mediante encuentros y reuniones que permiten su discusión, análisis y definición por parte de personas al más alto nivel», agregó.
En este mismo sentido, exhorta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo una investigación «exhaustiva» e implementar un «plan de acción» para clausurar las cárceles «de lujo» en complejos militares, pues cree que de ahí podrían venir las estrategias de «presión y represión selectiva».
