POR FRANCIA VALDEZ Y RAMÓN RAPOSO
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) depositó este jueves la acusación formal y solicitó apertura a juicio en contra de siete personas, implicadas en los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para la adjudicación de obras públicas.
La acusación fue presentada al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
El funcionario informó el archivo provisional contra los imputados Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Ruddy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo De Óleo y Radhamés Segura. El Procurador dijo que no hay evidencias de que éstas personas hayan recibido sobornos.
Jean Alain Rodríguez sostuvo que la investigación realizada por la PGR durante más de un año “no tiene precedentes en la historia del país”.
El funcionario detalló el proceso de investigación llevado a cabo por el Ministerio Público en el proceso de investigación de los casos de sobornos de la multinacional brasileña en el país.
Asimismo, el Procurador explicó que durante la investigación el Ministerio Público de la República Dominicana hizo múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá.
Dijo que esa cooperación resultó altamente provechosa para poder presentar acusación formal en contra de los siete imputados.
De igual manera, detalló que como parte de las diligencias investigativas, procedió a solicitar a todas las instituciones del Estado que contrataron con la constructora Norberto Odebrecht, la entrega de la documentación que sustentara los contratos cerrados con la empresa brasileña, incluyendo la identificación de todas las personas que intervinieron en los procesos de negociación y licitación de obras, tales como ministros, viceministros, consultores jurídicos y asesores, así como legisladores que intervinieron en las dinámicas legislativas de aprobación.
La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, incluyó además el requerimiento a Odebrecht de toda la información sobre las fechas, montos y formas de pagos que realizaron en la República Dominicana para la realización de las obras contratadas, además, allanamientos a las oficinas de dicha empresa e interrogatorios a los responsables de la firma en el país, a empresarios y a distintos funcionarios que por su cargo pudieran tener alguna relación con las obras realizadas.
Se recuerda que este sábado, día 09, vencía el plazo de cuatro meses que el juez Francisco Ortega Polanco concedió al Ministerio Público, organismo que pidió postergación de tiempo para ampliar y concluir las investigaciones que le permitan presentar un expediente “robusto” del caso Odebrecht por el pago de 92 millones de dólares en soborno.
Acusación contra los imputados:
Ángel Rondón Rijo, como autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, todos en perjuicio del Estado Dominicano.
Víctor José Díaz Rúa, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, como cómplice en el delito de soborno, y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos.
Porfirio Andrés Bautista García, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Tommy Alberto Galán Grullón, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Juan Roberto Rodríguez Hernández, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Jesús Antonio Vásquez Martínez, como autor de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Punta Catalina: No se encontró evidencia de “prebendas”
Sobre la termoeléctrica Punta Catalina, Rodríguez explicó que procedió a realizar una investigación independiente y objetiva con relación a esa obra en particular, evaluando los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado e igualmente se realizó una pesquisa profunda sobre los alegatos de que se habían repartidos sobornos para la adjudicación de la obra en el Congreso Nacional, sin que se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en el financiamiento de la misma.
Explicó también que se hizo una evaluación pormenorizada al informe preparado por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, a pesar de no tener éste carácter vinculante para el Ministerio Público, todo en aras de arrojar luz a la investigación.
