Persio Maldonado plantea necesidad de organizar el país; afirma impunidad ha sido histórica en RD

Por admin Martes 11 de Abril, 2017

SANTO DOMINGO.- El director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, dictó la conferencia titulada “El país posible”, invitado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en su centro regional de San Juan.

En su exposición, Maldonado Sánchez hizo una serie de puntualizaciones sobre la Constitución de República, la libertad de expresión y de información, los derechos y deberes fundamentales, el rol de los medios de comunicación y el de los periodistas.

Asimismo, abordó aspectos relevantes sobre la importancia de los procesos sociales y consideró que el rol de los medios de comunicación es cada vez más importante para la sociedad , los partidos políticos y, esencialmente, para la ciudadanía.

Dijo que la corrupción ha quedado sin sanción a lo largo de la historia dominicana, convirtiendo el sistema de justicia en un órgano estatal de impunidad.

Maldonado Sánchez, también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), planteó la necesidad de organizar este país “en el sentido pleno de la palabra”.

A continuación la conferencia íntegra:

El país posible

POR PERSIO MALDONADO SÁNCHEZ

Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Autónoma ésta invitación cursada por la profesora Elvira Corporán de los Santos, porque sin ella no estaría aquí con ustedes, en esta conversación que espero sea de mucho provecho para focalizar el país que podemos construir. Y de manera particular, dejar revelado que el título de este conversatorio fue el producto de la mediación del profesor Fabián Castillo al coordinar mi visita a esta maravillosa provincia de San Juan.

Y como la motivación inicial ha sido la de invitarme a compartir con ustedes por el Día del Periodista, deseo justamente comenzar con la Constitución dominicana, porque ese documento esencial también tocó de manera particular el ejercicio del periodismo en la República Dominicana.

Y también, porque desde su versión del 2010 ha dejado planteado lo que yo llamaría un proyecto de nación que debemos concretar en la realidad.

Nuestra Constitución establece lo siguiente:

Artículo 49.- Libertad de expresión e información.

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;

2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;

3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;

4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley;

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.

Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público.

Sin embargo, la Cláusula de Conciencia está más referida a un derecho laboral en que el periodista no pierde sus derechos cuando cuestiona la línea informativa o editorial del medio donde labora y decide separarse de él por su propia iniciativa. La otra, la Cláusula de Objeción de Conciencia, es un derecho de ciudadanía en muchos países para obviar el cumplimiento de un mandato del Estado que altere la ideología y la creencia religiosa y esa no está considerada en nuestra Carta Magna.

Lo que dice la Ley 6132

Artículo 12.- El director de la publicación puede delegar el total o parte de sus funciones en un sustituto o delegado. Esta delegación deberá ser aprobada, según el caso, por los propietarios, por los asociados o por el consejo de la sociedad u otro órgano director de la misma.

Las responsabilidades penales y civiles correspondientes a la función del propietario y del director siguen a cargo de éstos, aun cuando deleguen en todo o en parte sus funciones en un sustituto o delegado.

Artículo 13.- Los autores que utilicen un seudónimo están en la obligación de indicar, por escrito, antes de la inserción de sus artículos, su verdadero nombre al director de la publicación.

En caso de persecuciones contra el autor de un artículo no firmado o firmado con un seudónimo, el director será liberado del privilegio del secreto profesional a petición del Procurador Fiscal apoderado de una querella y tendrá que revelar la verdadera identidad del autor, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en los artículos 48 y 49 de esta ley.

De las rectificaciones y del derecho de respuesta

Artículo18.- Toda publicación está obligada a insertar gratuitamente las rectificaciones que le sean dirigidas por un depositario de la autoridad pública, tocante a actos, de su función que hayan sido informados inexactamente.

En caso de violación de la anterior disposición, el director o su sustituto serán castigados con multa de RD$ 50.00 a RD$ 500.00.

Artículo 19.- Toda publicación también estará obligada a rectificar los errores comprobados que cometa con respecto a personas privadas en sus informaciones o escritos. La violación de esta prescripción se castigará con pena de una multa de RD$25.00 a RD$ 250.00.

Artículo 20.- La rectificación será siempre gratuita.

Artículo 21.- El tribunal pronunciará fallo dentro de los diez días de la querella por una negativa de rectificación. Podrá decidir que la sentencia que ordena la inserción, pero en lo que concierne a la rectificación solamente, sea ejecutoria sobre la minuta, no obstante oposición o apelación.

Si hay apelación ésta será fallada en el curso de los diez días que sigan a la declaración hecha en la secretaria del tribunal.

Artículo 22.- La acción por rectificación prescribirá después de dos meses, a contar del día en que haya tenido lugar la publicación.

El Código Penal y la Ley 6132

Despenalizar el delito de prensa o de palabra. En ambos casos se contempla la presión como una especie de daga en la yugular de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios de comunicación. En EEUU por lo regular el juez para encontrar culpabilidad procura estos tres elementos en el hecho:

1. Que la información sea realmente falsa;

2. Que haya habido la intensión deliberada de provocar el daño;

3. Que haya provocado efectivamente un daño

Derecho al olvido

No existe en el país ninguna disposición legal en esta materia. Sin embargo, algunos jueces han emitido decisiones contra los medios para que sean borradas de las ediciones digitales las noticias sobre acusaciones cuando algunas personas son descargadas en el sistema judicial y lo requieren al tribunal.

Estas decisiones encuentran como antecedente otro dictamen de la corte de justicia de la Unión Europa sobre un caso de un ciudadano español que reclamó una acción en esta dirección. Le fue negada por los tribunales ordinarios, pero la corte falló a su favor.

“Derechos y deberes Fundamentales y la Libertad de Expresión”.

Sería impensable una democracia sin medios de comunicación. Y diría más aún, que no sería posible el derecho a la libre expresión del pensamiento sin los medios de comunicación, ni mucho menos el derecho al ejercicio en democracia. Tampoco existiría un Tribunal Constitucional como garantías de los derechos de ciudadanía o como control de los poderes públicos.

No existe ninguna sociedad libre y moderna sin medios de comunicación y sin los mecanismos de control al ejercicio del poder, pues son, en esencia, las vías más eficaces para controlar los excesos.

Por tanto, creo que ese derecho fundamental de ciudadanía de la libre expresión, consignado en nuestra Carta Magna, es la base en que descansa toda sociedad democrática.

Desde ahí es que podemos buscar y divulgar informaciones en nuestra condición de periodistas, pero igual es lo que permite la existencia de los partidos políticos, los sindicatos, las entidades que se ocupan de las ciencias y de la cultura, así como de cualquier otra entidad que incida de manera plural en la vida de la nación.

Es claro entonces que el derecho a la libre expresión del pensamiento no es un derecho exclusivo a la condición de periodistas, sino más bien a nuestra condición humana, pese a que muchos creen lo contrario.

Incluso, esa confusión puede observarse entre periodistas, comunicadores, televidentes, lectores, radioescuchas y en usuarios de las redes sociales.

Se cree que el derecho a la libre expresión del pensamiento es algo que le pertenece a los periodistas y no a la ciudadanía.

Debo decir, sin embargo, que es muy frecuente observar que no siempre los periodistas son bien comprendidos por ese conglomerado social que componen la sociedad de lectores, televidentes, radioescuchas y usuarios de las redes sociales. Pocas veces se comprende la importancia de los medios para conseguir o preservar la libertad, aunque este oficio pague con sangre constantemente su desempeño.

Aunque ocurre en todo el mundo, América Latina es una región sumamente violenta contra el ejercicio de los periodistas y para darnos cuenta de la magnitud de este flagelo basta con prestar atención a estas cifras de muertes violentas que ocurren cada año contra periodistas.

Desde el año de 1987 han sido asesinados en nuestra región cerca de 487 periodistas y alrededor de 30 permanecen aún desaparecidos, especialmente en México, en Brasil, en Honduras, en Paraguay, en Colombia, en El Salvador, en el Perú y el caso de Narciso González en la República Dominicana, que lleva más de 20 años sin ni siquiera la justicia de que sus familiares sepan lo ocurrido.

Su importancia en los procesos sociales

La lucha por la libertad no es más que la lucha por la libertad de expresión. Y nos expresamos para poder decir lo que pensamos, lo que queremos y lo que no queremos. Es una lucha tan vieja como la humanidad.

Y fíjense si es vieja que en el 1643 el Parlamento inglés emitió una resolución en que establecía la necesidad de obtener una licencia para poder publicar cualquier material que expresara las opiniones o consideraciones de las personas. Es claro que estábamos frente a una política de censura previa.

Y justo en ese mismo año el poeta inglés John Milton, que en aquel entonces tenía unos 35 años, contrajo matrimonio con una joven de apenas 17 años. Luego de algunos meses del matrimonio, la joven le solicitó permiso para ir a visitar a sus padres, lo que él concedió con el pedido de que regresara pronto.

Sin embargo, dos semanas después él recibió una nota de la joven esposa diciéndole que no regresaría y que permanecería con sus padres. Ante esta situación, Milton escribió lo que se estima como el primer tratado a favor del divorcio para lograr deshacer su matrimonio. No sólo le negaron la licencia para publicarlo, si no que fue denunciado al considerar que se trataba de una inmoralidad.

El poeta no se rindió y se generó todo un debate en torno a la censura y la libertad de expresarse en aquella época. De esa discusión memorable hay una expresión de Milton dirigida a las autoridades, incluyendo a la iglesia, en la que él les indica “ustedes pueden ser mis gobernantes, pero no mis críticos”.

Ese debate encontró un sentido planetario después de la Revolución Francesa el 14 de Julio de 1789, es decir 146 años más tarde, en que se logra universalizar los derechos humanos.

Esa lucha enorme por la libertad de expresión ha venido asociada al surgimiento de las libertades políticas y de los medios de comunicación.

Los derechos fundamentales

En nuestro caso, la República Dominicana, y con la Carta Magna del 2010, hemos iniciado un proceso de constitucionalizar los derechos y los deberes fundamentales de las personas, así como las garantías de los mismos. Esta cobertura tiene que ver con nuestro ejercicio en los medios de comunicación, pero sobre todo y como es más que obvio, de la ciudadanía.

Sin embargo, cada vez resulta más importante el rol de los medios de comunicación en los procesos sociales. Lo es para la sociedad, para los partidos políticos y, como es esencial, para la ciudadanía. Y esa importancia queda aún más ensanchada ahora en que cada medio ha multiplicado su alcance al hacerse universal e instantáneo, gracias al desarrollo de la Internet y de la tecnología.

Y lo es mucho más por el activismo de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, Linkedin, Snapchat, Tumblr, E-mail y la telefonía, que aunque usadas muchas veces más como exorcismo social resulta una fuente útil para proyectar el estado de ánimo social, al menos de una buena parte de la sociedad.

Ningún medio de comunicación convencional puede verse hoy sin sus versiones digitales en su contenido cotidiano, lo que sin dudas tiene efectos multiplicadores en la conformación de la opinión pública.

Evidentemente que siempre existen diversas amenazas contra los medios, el ejercicio libre del periodismo y los derechos de la ciudadanía. Muchas de esas amenazas son conocidas, aquellas que provienen de sectores públicos y privados, pero hay nuevas que han surgido de las actividades ilícitas en muchos de nuestros países.

Algunos de los periodistas asesinados, por ejemplo en México y en Colombia, han estado relacionados con esa realidad criminal que pone en peligro el ejercicio de la libre expresión y del periodismo.

Incluso y como para no estar tentados a pensar que este es un tema alejado de lo que abordamos, sólo debemos recordar que muchos grupos que se dedican a las actividades ilícitas se mezclan con la política y los negocios.

El otro gran problema que se presenta como un desafío al ejercicio del periodismo es el de la banalización de la sociedad y, por tanto, del contenido de los medios de comunicación, abandonando las áreas de investigación y el interés de los verdaderos problemas que afectan a la población.

Los momentos de crisis, sin embargo, ayudan a contrarrestar esa tendencia banal, pues la gente se muestra interesada en los temas que le afectan.

El país posible

Este diálogo con ustedes tiene como propósito pensar en el país posible al que debemos aspirar y que tenemos que construir.

No hay dudas de que lo que diferencia a una sociedad de otra es la calidad de su ciudadanía. En consecuencia, la dirigencia política, empresarial y la que operamos los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad en la construcción de una sociedad de más calidad formativa, más transparencia, más equitativa en las riquezas y que tengan los mejores contenidos para que así puedan tener las mejores decisiones al momento de ejercer y reclamar sus derechos, como cumplir con sus deberes y sus responsabilidades sociales.

Al asistir a este conversatorio con ustedes lo hago asumiendo que esta iniciativa es una magnífica señal de la Universidad Autónoma, desde este reciento de esta histórica y laboriosa provincia de San Juan, en que sus profesores y estudiantes están dispuestos a asumir el enorme compromiso de la construcción de un país digno para sus ciudadanos, promoviendo educación, deberes y derechos para sostenernos como una sociedad razonablemente democrática.

Es claro que no importa que se tenga una buena Constitución y que ella incluya los derechos y deberes fundamentales de ciudadanía, si en la práctica la gente no siente que su realidad tiene sintonía con su contenido. Sólo así podría aprender a amarla y hacerla suya.

Nuestra tarea es hacer desde este oficio cotidiano una labor veraz y comprometida con los intereses de la población y por una sociedad en que se respete la condición humana plenamente, promoviendo responsabilidades y derechos.

Las sociedades democráticas y modernas se fundamentan en el cumplimiento de procedimientos y normas que regulan todo su accionar, pero aquí resulta insólito que comenzando por los partidos políticos haya una resistencia al cumplimiento de las normas. Y en este sentido, creo en el criterio de tener leyes simples de aplicación rigurosa, más que leyes draconianas de aplicación flexible.

Los reiterados casos de corrupción que han quedado sin sanción a lo largo de nuestra historia han hecho en nuestra realidad más que un sistema de justicia, uno de impunidad. Y no es casual que justamente el Movimiento Verde que se ha estado movilizando por distintos puntos del territorio nacional esté levantando la consigna de fin a la impunidad. Hay un hastío doloroso que muestra de forma indigna el ejercicio de la política y de los cargos públicos. Todo parece dañado y frente a esa realidad es más que urgente una corrección profunda de la vida del país.

Creo que la República Dominicana requiere de un sosiego largo en la vida constitucional para poder crear y estabilizar una cultura de respeto y apego a las normativas establecidas en la Carta Magna. Y frente a las normas, en sentido general.

Acotaciones finales

Quiero terminar esta intervención, identificando lo que creo serían los principales desafíos para la sociedad dominicana.

1. Un gran acuerdo nacional que proyecte a la sociedad dominicana para los próximos veinte años, basado en el cumplimiento de las normas;

2. Primero, creo que la gran obra pendiente de realizar es la organización del país en el sentido pleno de la palabra. Es la principal obra que ningún gobierno ha querido asumir a plenitud. Es la única que nos hará trascender de manera consistente y en dignidad. Es la única que puede producir un cambio de hábitos para establecer una nueva cultura en el comportamiento de nuestra ciudadanía. Es la única que llenaría de entusiasmo colectivo a quienes habitamos esta hermosa y generosa tierra.

3. Eso significa hacer de la ley la norma y no la excepción, con lo que acabaríamos con la corrupción y el tráfico de influencia que tanto daño ha hecho al país.

4. Trazar planes específicos sobre las prioridades del país e invertir en sus soluciones;

4.1 Entre esas prioridades citaría: Revisar el contenido de la educación y llevar a las aulas nuestros principales temas, como estos que tienen que ver con las responsabilidades y los derechos de la ciudadanía; una reingeniería de la administración pública para hacerla más racional y eficaz para poder garantizar muchos de esos derechos y que no funcionan en la práctica. Sería darle sintonía al concepto con la práctica;

5. Lograr un mayor compromiso de los medios de comunicación en un proyecto de nación de gran magnitud. Despenalizar definitivamente el llamado delito de palabra, con el que se les tiene a la ciudadanía, a los periodistas y a los medios de comunicación, una especie de espada en la yugular;

Creo que con esto podemos ayudar enormemente a fortalecer la construcción de una sociedad democrática con profundo sentido de equidad.

¡Muchas gracias!

San Juan de la Maguana