Las últimas semanas han estado rodeadas de una creciente ola de indignación e inconformidad partidaria, que no solo embarga a gran parte de la membresía peledeísta, sino también a quienes desde una posición dirigencial desempeñamos un rol representativo dentro y fuera de la organización.
En efecto, hemos tenido que ser testigos de ciertas prácticas ajenas a la libertad de expresión y legalidad, que con tanto esfuerzo y esmero han procurado institucionalizar los gobiernos del PLD durante los últimos tres lustros. Me refiero pues a las amenazas, amonestaciones, suspensiones y cancelaciones de las que día a día son objetos funcionarios públicos, cuya única falta o delito (si se quiere), ha sido no alinear sus preferencias electorales con lo dispuesto por el gobierno central.
Por si fuera poco, estos actos, que podemos calificar de arbitrarios por carecer de fundamento legal e institucional, respondiendo más bien a un accionar intolerante, represivo y caprichoso, no se han limitado a los mandos medios del tren gubernamental, por lo que han llegado a afectar a altos funcionarios, algunos de los cuales pertenecen a nuestro servicio exterior.
Recuerdo que para enero del 2015, durante un Foro Diplomático organizado por la Cancillería de nuestro país en aras de “relanzar la diplomacia y servicio exterior”, el actual ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, prometía a la nación un “cuerpo diplomático profesionalizado y eficaz, acorde con la diplomacia moderna, que procuraría superar la cultura de improvisación”. Tomándole la palabra, los conocedores del tema internacional y la sociedad en general, asumimos esa noticia como una oportunidad para dignificar el servicio exterior, asimilando las buenas practicas institucionales de naciones con reputada tradición diplomática.
Sin embargo, contrario a lo esperado, al igual que se fue evidenciando en otros estamentos del Estado, a partir del 2016 nuestro servicio exterior ha sido convertido en una suerte de “botín de guerra”, donde las autoridades de turno disponen de nombramientos y cancelaciones, que, coincidentemente, favorecen a propios al tiempo que castigan la más mínima postura disidente. Esta práctica podría parecer natural si se aborda desde el clientelismo estatal, pero resulta perniciosa cuando atenta contra el mérito, trayectoria y prestigio nacional.
Esto último es justamente lo que ha venido sucediendo, primero con las cancelaciones injustificadas de ejemplares funcionarios adscritos a la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahora con las suspensiones arbitrarias de personal diplomático en distintas misiones del gobierno dominicano en el exterior. Dentro de los casos registrados y de conocimiento público, están los de un Consejero de la Embajada dominicana en Canadá, y de dos ministros Consejeros de nuestra Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ambos casos responden a funcionarios diplomáticos con una hoja de servicio intachable y de palpable beneficio para el país, donde en el caso de uno de los ministros Consejeros ante la OEA, viene de ser reconocido como el “Empleado del año” en dicha misión.
Quizás, debido a estos irrefutables méritos, es que su respectiva suspensión han carecido de una debida justificación, limitándose en los documentos suministrados a citar la “facultad de delegar acciones administrativas del ministro (Ley 247-13, art.28, numeral 25)”; “las vías de suscripción de correspondencia (Ley 630-16, art. 15, numeral 12)”; “las condiciones de suspensión sin sueldo del funcionario amonestado (Ley 630-16, art.92, párrafo II)”; “las facultades sancionadores de los supervisores inmediatos (Ley 41-08, art.85)”.
Como se puede constatar en las citadas referencias, utilizadas para notificar a estos funcionarios de su suspensión, nunca se indica la razón y en cambio se evidencia una potestad delegada, que posiblemente busque aludir responsabilidad. Ahora bien, el ministro de Relaciones Exteriores es el responsable de conducir la diplomacia del país, pero las decisiones en lo concerniente a todo el servicio exterior es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República.
Tarde o temprano el tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar, de eso estoy seguro. Pero mientras se siga coaccionando para atentar contra servidores públicos, que con sacrificio, patriotismo y dignidad defienden en el extranjero los intereses nacionales, me perdonan, pero no puedo ser indiferente.
AUTOR: FRANKLIN RODRÍGUEZ