Pekín, 10 abr (EFE).- Las autoridades de seguridad nacional de Pekín ofrecen compensaciones de hasta 500.000 yuanes (unos 72.000 dólares o 68.000 euros) por denunciar a un espía, en un intento por construir una "Gran Muralla antiespionaje".
Para atajar la "infiltración" de fuerzas extranjeras, las autoridades chinas animan a la ciudadanía a denunciar la presencia de espías por teléfono, por carta o en persona, según informa hoy el diario Beijing News.
"Pekín es la primera opción para agencias de espionaje extranjeras y otras fuerzas hostiles para llevar a cabo actividades de infiltración, subversión, división y robo o destrucción de información", subraya el comunicado oficial publicado hoy por el medio.
El Gobierno chino anima a los ciudadanos a denunciar a través de compensaciones económicas que, en función de la calidad de la información que proporcionen, oscilarán entre los 10.000 yuanes (1.450 dólares, 1.300 euros) y los 500.000 yuanes (unos 72.000 dólares, 68.000 euros).
Las Fuerzas de Seguridad consideran crucial la participación ciudadana en un momento en el que advierten que "está aumentando la infiltración" de personas u organizaciones foráneas en el país.
"Las fuerzas de Seguridad Nacional y antiespionaje se enfrentan a una nueva situación y necesitan estimular a la ciudadanía para construir gradualmente una Gran Muralla de acero contra los espías y el espionaje", indica el comunicado.
Las medidas se suman a otras controvertidas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en este ámbito, como la campaña impulsada el año pasado que advertía a las funcionarias del "peligroso amor" con extranjeros, pues éstos, según el Gobierno, podían ser espías en busca de información gubernamental.
A ello, se añade la polémica ley que entró en vigor este año para aumentar los controles sobre las ONG extranjeras.
La legislación otorga el control de estos grupos a la policía y estipula que ésta podrá cancelar sus actividades en cualquier momento o interrogar a su responsable si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado. EFE
