Hace apenas tres o cuatro décadas la institución más fuerte y sobre la que descansaba la gobernabilidad en la República Dominicana era sin lugar a dudas las fuerzas armadas, lo cual se explica a partir de la existencia de una “democradura” en la que el poder popular tenía poca influencia en la gobernabilidad.
El fin de la Guerra Fría dio inicio a un nuevo ciclo democrático que se extiende hasta nuestros días, y en el que el poder y la gobernabilidad descansan en los partidos políticos como expresión de la voluntad popular, y a esto se le ha llamado el reinado de la “Partidocracia”.
Una verdadera democracia es aquella que convive con una fuerte institucionalidad, que a su vez, garantice la prevalencia de la Constitución y de las leyes por encima de cualquier otro estamento; sin embargo es necesario entender que los Partidos Políticos son los responsables de crear y fortalecer las instituciones en un escenario como el planteado.
Es preferible que un político dirija una institución a que lo haga un militar autoritario, vigente o retirado. El problema surge cuando los partidos políticos se resisten a ceder espacio a las instituciones cuando las condiciones y las circunstancias lo requieren.
Los partidos políticos siempre han de jugar un rol de primer orden en una democracia porque son los espacios donde se practica la política, pero las instituciones son las que le dan equilibrio y balance al juego democrático y a la lucha por el poder.
En la República Dominicana se lleva a cabo en estos momentos un proceso muy interesante en el que los Partidos Políticos controlan el poder, al mismo tiempo que las instituciones son fortalecidas mediante la designación en ellas de hombres y mujeres que no tienen militancia política en ningún partido.
Es increíble e inaceptable que hayan partidos políticos y sectores fácticos cuya aspiración sea repartirse la conformación de las instituciones como botín de guerra, a los fines de asegurarse de que sus intereses estén representados en las mismas.
Los espacios que la Partidocracia tenga que ceder a la Institucionalidad, para lograr un balance, deben ser ocupados por personas comprometidas con el proceso democrático desarrollista que se lleva a cabo en el país y no por representantes de los sectores que siempre se han opuesto al desarrollo y la misma institucionalidad.
De lo que se trata es de darle al actual proceso mayor legitimidad sobre la base de respetar la constitución y las leyes, al mismo tiempo que se avanza en la parte económica y social hacia el establecimiento de una sociedad cada vez más justa y solidaria como la soñaron los fundadores de la República.
Llama la atención el hecho de que quienes hoy reclaman institucionalidad son los que menos hicieron cuando ostentaron el poder y son los que menos la respetan en las instituciones municipales y congresuales que el pueblo ha puesto bajo su dominio.
La escogencia de los Jueces de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia representan pasos de avances en el fortalecimiento de las instituciones en la República Dominicana y esto a su vez es garantía de un estado de derecho que nunca ha existido en el país.
Es justo destacar que todo esto esté sucediendo bajo la conducción del poder por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de sus aliados políticos en el estado, nadie más lo había hecho y dudo que lo pudieran hacer en ausencia del PLD.
El Autor es Ingeniero y Reside en New York.