EL NUEVO DIARIO, Panamá, EFE.- El vocero del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, negó este jueves que su partido recibiera dinero de la constructora Odebrecht para apoyar a su candidato presidencial durante la campaña electoral de 2014, como lo confesaron colaboradores de la Justicia brasileña.
"A las cuentas del partido Cambio Democrático (CD) no entró ningún dineral proveniente de la empresa Odebrecht o de cualquier compañía vinculada a Odebrecht", afirmó Camacho, miembro de CD, al canal local TVN.
El portavoz indicó que esto se puede corroborar en las auditorías que cada tres meses realiza al colectivo opositor el Tribunal Electoral de Panamá (TE) y que esta institución tiene colgadas en su página de internet.
El político remarcó que pueden "probar esto sin ninguna duda" y remitió a consultar al TE en donde, manifestó, "nos auditan precisamente con mucha rigurosidad".
Camacho salió así al paso de la confesión que la publicista brasileña Monica Moura hizo ante la Fiscalía de su país de que Odebrecht, en un acuerdo con el entonces presidente Martinelli (2009-2014), financió ilegalmente con 16 millones de dólares la derrotada campaña de José Domingo Arias en 2014
Moura y su marido, Joao Santana, responsables de las campañas ganadoras del Partido de los Trabajadores (PT) en 2006 (con Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a la presidencia de Brasil), 2010 y 2014 (con Dilma Rousseff), alcanzaron un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus condenas.
Sus delaciones fueron divulgadas hoy después de que el juez instructor en la Corte Suprema del caso por las corruptelas en Petrobras, Edson Fachin, levantara el sigilo de los testimonios.
Según los denunciantes, la mayor parte de los recursos para la campaña electoral que Arias perdió en Panamá fueron pagados ilegalmente por Odebrecht con recursos no declarados y depósitos en el exterior.
Moura aseguró en su delación que sus trabajos como publicistas en Panamá fueron intermediados por el director general de Odebrecht en ese país, André Rabello, quien los contactó pidiendo ayuda para el candidato defendido por Martinelli.
Según la denunciante, el valor de la campaña por 21 millones de dólares no declarados fue acordado en una reunión con Martinelli y Rabello.
En la reunión se acordó que CD pagaría 4,5 millones de dólares, el entonces presidente medio millón de dólares y Odebrecht 16 millones de dólares.
Minutos después de conocerse la confesión, Martinelli, quien está fuera del país desde enero de 2015 y vive en Miami (EE.UU.), dijo en su cuenta de Twitter: "Santana miente al decir le di efectivo. Lo cierto es que él se vendió a Nicolás Maduro haciendo una malísima campaña para que ganara (el actual presidente, Juan Carlos) Varela" y no Arias en los comicios de mayo de 2014.
En febrero pasado, Varela reveló sus patrocinadores para demostrar que no había recibido donaciones de Odebrecht, como lo dijo su exministro consejero Ramón Fonseca Mora, socio del bufete Mossack Fonseca, e instó a sus contrincantes a hacerlo también.
El excandidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Carlos Navarro publicó la lista de donantes de su campaña 11 días después que Varela.
Arias, quien quedó segundo con 39,99 % de los votos, dijo que no revelaría a sus donantes en apego a "la garantía de confidencialidad vigente en el artículo 209 del Código Electoral", pero que las contribuciones recibidas fueron manejadas de acuerdo con la ley.
La ley panameña prohíbe que empresas extranjeras hagan donaciones a las campañas políticas.
Odebrecht es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares.
A fines de 2016 el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional brasileña admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, durante el Gobierno de Martinelli.
El expresidente tiene una decena de causas abiertas en su país por corrupción y es requerido en extradición por un caso de escuchas ilegales, lo que él ha calificado como una persecución política dirigida por su sucesor y antiguo aliado, Varela. EFE
