El titular de Defensa y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Richard López, tendrán que acudir a rendir cuentas del operativo, aunque presumiblemente no acudirán, como sucedió en otras ocasiones tanto con Padrino como con otros ministros convocados por la mayoría parlamentaria opositora.
A Padrino se le esperaba hoy para declarar ante la Comisión Especial que investiga la operación calificada por la oposición como «masacre», pero no compareció.
La presidenta de este organismo, Delsa Solórzano, se reunió por la mañana con familiares de los muertos y expertos que analizaron los vídeos de aquel día y dieron testimonio sobre lo que vieron el lunes e informó de que el próximo lunes presentarán el informe preliminar para que sea debatido en el Parlamento.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Edgar Zambrano, sostuvo que con esta llamada se espera poder «precisar las responsabilidades a las que haya lugar» en los eventos que acabaron con la muerte, entre otros, de Óscar Pérez.
Según Zambrano las siete personas fueron abatidas «a pesar de que hubo, tal como se evidencia en un video (difundido en redes sociales), una manifestación expresa de rendición y negociación».
El diputado opositor afirmó, según un comunicado, que mediante estas imágenes «podríamos estar en presencia de delitos o crímenes de lesa humanidad que generan responsabilidad penal nacional e internacional».
Señaló que la actuación de las fuerzas policiales «violó al menos» 10 tratados, instrumentos, pactos y protocolos internacionales en materia de derechos humanos.
El integrante del partido opositor Acción Democrática (AD) denunció además que «de manera inexplicable no se permitió la actuación del Ministerio Público» organismo que, añadió «tiene la obligación de mediar oportunamente para lograr la solución pacífica de un determinado conflicto», según la Constitución y demás leyes.
Desde el día del operativo, el fiscal general, Tarek Saab, no ha ofrecido declaraciones.
Todo esto en un día en el que los familiares de los muertos informaron de que en la noche del jueves pudieron reconocer sus cuerpos en la principal morgue de Caracas en la que se encuentran.
«Teníamos entendido que tenía que venir un fiscal a autorizar para realizar todo lo que era el procedimiento de reconocimiento y posterior entrega. Por eso fue la demora, el fiscal demoró en llegar, desconozco por qué razones», dijo la abogada María Fernanda Torres que da asistencia jurídica a los familiares.
Explicó además que los familiares ya están en contacto con los servicios funerarios para poder retirar los cuerpos, una vez las autoridades les den permiso.
La diputada Delsa Solórzano indicó más temprano que la comisión parlamentaria que investiga los hechos ha recibido denuncias de familiares que aseguran haber sido presionados para firmar documentos «donde constaba que habían identificado los cuerpos, cosa que no era cierta (…) y también se les presionó para que autorizaran la cremación».
Pérez y su grupo se dieron a conocer en junio pasado cuando sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la Policía científica -a la que pertenecía- y dispararon contra dos edificios públicos sin causar heridos.
Entonces el Gobierno de Nicolás Maduro los calificó como «terroristas» y comenzó su búsqueda y captura.
El inspector, que grabó en la clandestinidad varios videos en los que manifestaba su intención de derrocar la «tiranía» chavista, actuó de nuevo en diciembre cuando con su grupo asaltó un cuartel militar.
El operativo policial en el que fallecieron Pérez, seis integrantes de su grupo y dos policías ha sido criticado por ONGs proderechos humanos que defienden que el Estado «no agotó la vía de la resolución pacífica».
Por EFE
