Para que no se muera la democracia

Por Mihail Garcia miércoles 26 de febrero, 2020

La democracia es según la definición aristotélica, una forma de organización del Estado en la que el gobierno es ejercido por todas las personas que lo componen, en contraposición a la monarquía donde el gobierno es ejercido por una sola persona y la aristocracia en la que solo un grupo reducido de individuos tienen el derecho a manejar la cosa pública.

En ese sentido, la característica fundamental de esta forma de gobierno es que la legitimidad del poder se sustenta en el consentimiento emanado de aquellos que componen la sociedad. Esto es, que el ciudadano tiene la oportunidad de presentar ideas de manera particular para a partir de consensos, crear voluntad colectiva.

Entonces democracia significaría el gobierno del pueblo y para el pueblo porque los ciudadanos son los que en mayoría han pactado y dejado en claro las reglas y las normas jurídicas a las que estará supeditada la vida en sociedad.

La democracia en América Latina y el mundo enfrenta hoy día grandes desafíos, los cuestionamientos a la capacidad del sistema democrático de garantizar procesos transparentes, la brecha entre gobernantes y ciudadanos que genera parálisis en las tareas nodales del gobierno, las crisis internas dentro de las organizaciones políticas donde la ausencia de las ideas se hace un común denominador y la confrontación de fuerzas económicas que pretenden convertir en simples franquicias a los pilares de la democracia.

Lo antes señalado ha producido un clima de incertidumbre y desconfianza tal, que en los últimos años los índices de abstención en los procesos eleccionarios se han elevado, poniendo de manifiesto la falta de interes de los ciudadanos.

Este extenso preámbulo que hemos expuesto pretende destacar las causas que determinan la importancia de los organismos electorales en la consolidación de la democracia como forma de gobierno que da garantía de libertad y dignidad a los seres humanos que viven en sociedad.

Aunque no lo aparenta, lo cierto es que la teoría democrática moderna nos indica que existe una estrecha relación entre democracia y elecciones por la sencilla razón de que los representantes del pueblo deben ser elegidos en las urnas mediante procesos de elección popular. La concurrencia de las fuerzas políticas a los torneos eleccionarios y la veeduría de los órganos rectores del proceso avalan la abierta y sana competencia por el poder político entre los diferentes actores. El gobierno surgido de un esquema de estabilidad y respeto del Sistema Electoral, cuyo proceso eleccionario estuvo basado en la libertad, universalidad y transparencia es reconocido como legítimo y democrático.

En el caso de República Dominicana habíamos venido construyendo de apoco un esquema que permitiese la tutela efectiva de la institucionalidad democrática. No obstante, tras las reformas introducidas al Sistema de Partidos y Electoral, la aplicación de nuevas legislaciones y la aparición de nuevas figuras de cara a las elecciones del 2020; han representado grandes desafíos para la Junta Central Electoral dominicana, encargada de montar y garantizar la transparencia de los comicios.

Y es que la nueva legislación electoral nació con grandes falencias, las cuales ameritaban de una actitud proactiva y diáfana de parte del órgano rector de las elecciones, de suerte que éstas estuviesen cubiertas por la diafanidad y legitimidad de la cual hemos hablado.

En las elecciones primarias del pasado 6 de octubre se presentó el primer desafío para esta Junta Central Electoral y en el mismo, tras las denuncias de fraude electoral y la comprobada desidia de los titulares de este organismo resquebrajo la autoridad moral que debían tener ante los partidos políticos.

La ola de protestas que ha surgido en el país luego de la “suspensión” de las elecciones municipales por fallas técnicas en el software de los equipos nos coloca en un limbo democrático electoral que pudiese devenir en la desestabilización, máxime cuando la Junta Central Electoral sigue actuando con altos niveles de prepotencia y falta de interés en las peticiones que les hacen la mayoría de los actores del proceso electoral.

En ese sentido los líderes políticos dominicanos tienen ante sí el desafío de ponerse de acuerdo en puntos mínimos que garanticen la transparencia, diafanidad y legitimidad de los procesos electorales venideros.

Para que esto suceda se hace necesario que los miembros del órgano que administra las elecciones y los representantes del partido oficialista, depongan las actuaciones que los evidencian ante la sociedad como aliados estratégicos.

La población está expectante y crispada, cualquier yerro puede encender la llama que haga que se nos muera la democracia.

AUTOR: MIHAIL GARCÍA

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