El próximo mes de marzo se va a cumplir un año de iniciada la primera cuarentena por la pandemia del COVID-19, razón por la cual se tuvieron que cerrar los centros escolares y en consecuencia el servicio de alimentación que recibían los estudiantes. Hasta ahora se ha escrito y analizado mucho en los medios sobre la educación virtual, pero no sobre lo que ha ocurrido y el impacto que ha tenido entre los estudiantes pobres y en las economías locales la suspensión del PAE en su modalidad presencial, especialmente el almuerzo escolar.
Antes del cierre, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ofrecía alrededor de 4.5 millones de raciones alimenticias diarias, durante los cinco días de clases, a una población de 1.850,000 beneficiarios, (1.7 millones de estudiantes y cerca de 150,000 maestros y personal administrativo del sistema escolar público).
De éstos, los más beneficiados eran los 1.2 millones de estudiantes de las escuelas de jornada extendida, los cuales estaban recibiendo el 70% de los requerimientos diarios de nutrientes a través de la ingesta de desayuno, almuerzo y merienda. Mientras otros seiscientos mil en escuelas de media tanda recibían el tradicional desayuno escolar.
Como respuesta al cierre de las escuelas, y evaluadas las diferentes opciones para tratar de paliar la situación, las autoridades del momento decidieron lanzar desde el mismo mes de abril del 2020 las canastas de alimentos crudos, consistente en una caja de alimentos industrializados o procesados, equivalentes (en teoría) a las raciones de almuerzo escolar de una semana, solamente para los estudiantes del Programa de Jornada Escolar Extendida.
Las nuevas autoridades continuaron en esos mismos términos con las canastas complementarias, las cuales sin embargo, a parte del déficit que presentan con respecto a los nutrientes que entrega el almuerzo escolar cocido a los estudiantes, debido a la falta en las mismas de alimentos frescos de muy alto valor nutritivo, también en materia de alcance y cobertura se ha mantenido una merma considerable en las entregas de las canastas a los estudiantes, debido entre otras razones a los problemas de logística en la cadena de suministros, generados por las propias restricciones impuestas por la pandemia y el cambio de administración gubernamental.
Hasta la fecha, se ha repartido alimentación escolar durante 21 semanas, de las 36 establecidas en el calendario escolar, lo cual refleja un déficit de 41% en la entrega de los alimentos a los estudiantes de jornada extendida. Que sumados a los 600 mil escolares de media tanda de los centros urbanos, excluidos desde el principio, estamos hablando de un millón de estudiantes que durante estos once meses transcurridos o no han recibido nada de raciones alimenticias o que ha recibido sólo el 59% de los que les corresponden.
Más aún, con la baja en los ingresos del hogar para comprar alimentos por pérdida de empleos y negocios, las alzas de precios y la escasez de determinados alimentos en diferentes localidades; no existe garantía de que los alimentos de la canasta, lleguen a los niños en la proporción de las raciones diarias estimadas por los nutricionistas, por cuanto ya en la casa, es muy probable que estas raciones tuvieran que ser compartidas con otros miembros del hogar. Además de que desde el punto vista nutricional no se preparen acorde a las recomendaciones de los nutricionistas del Programa, lo cual es vigilado desde las escuelas, pero que se hace imposible cuando se trata de las casas.
Pero súmele a esto, las MIPYMES, principalmente panaderías y cocinas, suplidoras del Programa que han visto mermados sus ingresos por este concepto con el consecuente despido o suspensión de empleados. Los cuales se suman a las personas que junto a los estudiantes han caído en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional; es decir, que no tienen capacidad de acceder diariamente de forma permanente a alimentos seguros y nutritivos, como consecuencia directa del cierre u operación parcial del Programa de Alimentación Escolar.
Aún no ha habido tiempo de medir el deterioro en los indicadores de nutrición y salud de la población, por efectos de la merma de la alimentación escolar, aunque sí tenemos datos estadísticos que nos pueden dar una idea de cuánto ha incidido el Programa de Alimentación Escolar en la mejora experimentada en algunos indicadores de nutrición en la población estudiantil, durante las últimas décadas. En el informe “El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el mundo 2020” publicado de forma conjunta por cinco agencias del sistema de Naciones Unidas: FAO, UNICEF, FIDA, PMA y OMS; se da cuenta de que la desnutrición en la población de República Dominicana, había descendido drásticamente de un 19% en 2004, a un 5% en 2019.
Más específicamente, la 2da. “Encuesta Nacional de Micronutrientes en la Población Escolar de la República Dominicana ENM- 2012”, realizada por el Centro de Investigaciones en Salud Materno Infantil, Dr. Hugo Mendoza (CENISMI), por encargo del Ministerio de Educación y tres agencias del sistema de Naciones Unidas (PMA, UNICEF y PNUD), se registra que la desnutrición crónica entre escolares para ese año era de apenas un 1%; un descenso drástico con respecto al 19% reportado por la encuesta del 1993.
Este descenso de la desnutrición en República Dominicana se puede asociar de forma cronológica con el surgimiento, crecimiento y desarrollo del Programa de Alimentación Escolar; el cual en 1993 no existía. Después de un período inicial de experimentación e introducción, entre 1997 y 2004, es partir de este último año, cuando comienza el período de expansión y desarrollo sostenido del programa hasta alcanzar a cubrir el 100% de los escolares de primaria y el 60% de los de media, tal como lo conocemos hoy. Por lo que no cabe dudas de que esa mejora en la nutrición de la población y los escolares se debe al desarrollo del PAE, por lo que no se tendría que ser un genio para concluir que la falta o merma de este programa se va a traducir, y ya se comienza a expresar, en un deterioro muy significativo en la calidad de vida y salud de los estudiantes del sistema.
Volviendo a la situación actual, tenemos que, a instancias de un colectivo de padres, el Ministro de Educación ha convocado al Consejo Nacional de Educación para hacer un plan de apertura gradual de las escuelas. En tal virtud escribimos este artículo con la finalidad de sugerir que además de los problemas relacionados con el aprendizaje y la docencia, debería incluirse en la agenda la problemática de la alimentación escolar, ya que las canastas complementarias fueron ideadas como una solución de corto plazo a una coyuntura muy particular como la de abril del 2020, por tanto se deberían buscar nuevas alternativas para mejorar no solo la cobertura, sino para rescatar y mejorar la calidad nutricional del programa, aun cuando persista el cierre total o parcial de las escuelas.
Más aún, por ser este un tema que se sale del ámbito de lo estrictamente docente, se debería crear un equipo de trabajo multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial, que incluya a la Cooperación Internacional, el cual debería trabajar una estrategia nacional para operar la alimentación escolar de una forma más efectiva, durante y posterior a la pandemia, que asegure el suministro de alimentos cocidos a los estudiantes, la mejora de la calidad nutricional del menú escolar, se restaure la educación en alimentación saludable y se incorpore a los pequeños agricultores como proveedores directos del Programa.
El Programa de Alimentación Escolar, junto con el sistema educativo dominicano, ha quedado muy mermado en su institucionalidad y en su operatividad como resultado de esta pandemia, y no debería escatimarse esfuerzo, no sólo para recuperar lo perdido, sino para retomar los procesos de fortalecimiento jurídico e institucional del programa, ya que este, además de su complejidad y costo operacional, tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y nutricional de la República Dominicana, lo cual nos va a permitir retomar la agenda 2030 y avanzar en los objetivos del Desarrollo Sostenible con los que el país se encuentra comprometido, para beneficio de los sectores más pobres de la nación.
Por Nelson De Los Santos