Pactos, reforma laboral, seguridad social y empresarios

Por Ebert Gómez Guillermo miércoles 11 de enero, 2017

El Conep (Consejo Nacional de la Empresa Privada) su hijo, Anje (Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Copardom (Confederación Patronal Dominicana), la AIRD (Asociación de Industria de República Dominicana, AEIH (Asociación de Empresas Industriales de Herrera), la AIREN (Asociación de industriales de la Región Norte) y demás, todas muy bien representadas y organizadas, mantienen al país y a su población, desde hace ya muchas décadas, en la época del *Feudalismo.

Pretenden que, primero se realice un Pacto Eléctrico, que se reforme la Ley de Seguridad Social y también el Código Laboral, antes que una reforma de carácter fiscal que permitiría financiar, no sólo los compromisos citados, sino también todos los demás retos que tiene el Estado Dominicano, en materia de educación, salud, deuda pública/privada y otros ejes de desarrollo en los próximos 20 a 30 años.

Hacen todo eso y más, porque saben de la debilidad del sector sindical y del pobre arbitraje que muchas veces hacen quienes representan al sector gobierno. Es inconcebible que, siendo la principal tendencia en la actualidad, la mejora de las condiciones laborales en los códigos de la región, los empresarios dominicanos, encabezados por sus principales organizaciones empresariales, estén proponiendo desconocer y limitar derechos adquiridos de trabajadores, con el alienante pretexto de hacer el mercado dominicano más competitivo.

La última modificación a nuestro Código Laboral data de 1992, período en el cual, nuestra nación aún no se encontraba tan expuesta a las presiones de una gran cantidad de empresas y productos transnacionales, a consecuencia del movimiento neoliberal de globalización, especialmente en los mercados. Tampoco existía la ley 87-01 sobre seguridad social. No obstante ser el nuestro, uno de los códigos laborales más avanzados de toda la Región latinoamericana, quedaron todavía muchos temas pendientes.

La tendencia actual en muchos países del área, apuntan a eliminar regulaciones especiales, suprimir trámites administrativos, facilidad para que trabajadores de pequeñas empresas de 20 a 40 empleados, sean incluidos en la seguridad social, o sea hacer más formal el trabajo informal.

Es necesaria más fiscalización en el sector informal, al tiempo de aplicar acciones punitivas para quienes violen la ley. Igual ayudaría al cobro de impuestos por leyes internas, en nuestro caso extender el uso de las impresoras fiscales. De esta manera este y otros gobiernos evitarían los molestos aumentos de impuestos, las mal llamadas reformas fiscales o tributarias

Todas estas organizaciones empresariales, junto a las malformaciones que han generado en los últimos 50 años, dígase sindicatos de transportes y demás yerbas aromáticas, se han constituido en retranca para el desarrollo del país y un mejor nivel de vida para los obreros, empleados públicos y privados de esta patria.

Desde la muerte del tirano, Rafael Leónidas Trujillo Molina, estas pandillas se han dedicado a chantajear gobiernos y hacer de grupos de presión para obtener beneficios y privilegios en desmedro y negando los derechos económicos, sociales y culturales a todo un pueblo.

A partir del 1997, con el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Leonel Fernández Reyna, comienza el proceso de Reforma de la Empresa Pública, muchas de ellas en banca rota o deficitarias, herencias todas de Trujillo y los 22 años de gobiernos de Joaquín Balaguer. Anterior a esto, muchas otras empresas, herencia del Trujillato, habían sido expropiadas, y convertidas en empresas privadas.

Se capitalizan muchas de las empresas del sector eléctrico, nace la ley 141-97 que crea la Comisión de Reforma de la Empresa Pública y pone fin a la administración irresponsable en estas, da participación al sector privado y libera recursos que tenía antes que destinar como subsidios a estas mismas empresas.

Pero estos empresarios son insaciables, muchos de ellos representantes de interés corporativos internacionales, entienden que el Estado como tal ni ningún gobierno tienen que ser parte en la generación ni administración de la energía, tan indispensable para el desarrollo y la seguridad de cualquier nación. Tampoco quieren que el Estado participe ni represente las mismas empresas que fueron capitalizadas por este.

Lo que no dicen los señores empresarios, en el tema de la industria eléctrica, es que no quieren que le quiten el monopolio de la generación, para seguir cobrando, precisamente al Estado, millones de dólares por plantas apagadas y a los usuarios, venderles los apagones más caros del mundo.

Finalmente no entiendo, cómo tantas personas y grupos de intereses, supuestamente comprometidos con el desarrollo de este país, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, hacen silencio ante tan macabras maquinaciones, planteadas reiteradamente y durante ya varios años consecutivos.

 

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