Ojala que el Pacto Eléctrico que se vaticina su firma a principio de este 2018, por sectores involucrados en este negocio y el Gobierno actual (representante y garante del Estado Dominicano) no se convierta en otra espada blandiente sobre la cabeza de la, cada vez más, deprimida clase media.
Se ha adelantado que a partir del primero de julio del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2022, se alterará la tarifa eléctrica de los usuarios regulados, atendiendo a las variaciones en la tasa de cambio del precio de compra de la energía.
Igualmente se informa que para el primero de enero del 2023 se iniciará la aplicación de otro esquema de tarifa, atendiendo a los costos de inversión y funcionamiento y a la gestión financiera de las EDES, además de la reducción del subsidio que desde de la fecha indicada, no podrá ser mayor al 12% del precio medio al que las EDES compren su energía.
Por otro lado, el Pacto Eléctrico que se prevé su firma, reitero a principio de este año 2018, contempla potencialmente que las EDES, podrán subcontratar empresas privadas o de capital mixto del sector eléctrico y que estas manejarán la comercialización y cobro de facturas, las EDES sólo se dedicarían a la distribución de la energía.
Por todo lo explicado anteriormente se intuye que el alza de la factura eléctrica puede llegar a limites desconocidos hasta ahora. Se espera que el gobierno actual, encabezado por el Presidente Medina haga su función de garante y protector del sector clase media.
La firma de un Pacto Eléctrico ha sido bien debatida, no obstante expertos en la materia y economistas recomiendan, que previo a la rúbrica de un convenio de este tipo, se haga una reforma de carácter fiscal, posibilitando no sólo la firma del pacto eléctrico, sino también la reforma a la ley 87-01 de seguridad social y la 14-92 del Código del Trabajo, para beneficio de empleados activos y pensionados.
Reforma fiscal que, pondría al Estado Dominicano en condiciones, no sólo de sortear un compromiso como el que pretenden imponer, sino que también ayudaría a los futuros gobiernos a partir del 2020 en materia de salud, educación, deuda pública y privada y otros ejes de desarrollo en los siguientes 30 años.
Algunas de estas organizaciones empresariales, junto a malformaciones que se han generado en los últimos 50 años, dígase sindicatos de transportes y demás yerbas aromáticas, se han constituido en retranca para el desarrollo del país y un mejor nivel de vida para los obreros, empleados públicos y privados de esta patria.
Muchos de estos, representantes de intereses corporativos nacionales e internacionales, no quieren que le quiten el monopolio de la generación, para seguir cobrando, precisamente al Estado, millones de dólares por plantas apagadas y a los usuarios venderles los apagones más caros del mundo. Eso, aspiro no lo siga permitiendo el PLD ni ningún otro gobierno.
Desde la muerte del tirano, Rafael Leónidas Trujillo Molina, estas pandillas se han dedicado a chantajear gobiernos y hacer de grupos de presión para obtener beneficios y privilegios en desmedro y negando derechos económicos, sociales y culturales a todo un pueblo. No les interesa la solución de ningún problema, menos el eléctrico, les interesa seguir desfalcando al país.