Según declaraciones ofrecidas por el señor presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán: “Monseñor Agripino Núñez Collado convocará próximamente a los partidos, la sociedad civil y otros sectores para iniciar los trabajos en busca del consenso para la elaboración de la ley de partidos políticos y la modificación a la Ley Electoral”. (“Listín Diario”, del 8-1-17)
Con el perdón del alto funcionario citado, y quién ha dicho que eso es posible, con el presente escenario congresual que rige, en el orden de lo que debe ser: normativas legales bien fundadas y objetivas, que vayan a normar, y hasta fiscalizar a las empresas comerciales denominadas partidos políticos, como el organismo rector que debe administrar y controlar con la pulcritud esperada las elecciones de los militantes coloreados propuestos dentro de esas entidades, para ocupar cargos electivos a nivel nacional, que se escojan a conveniencias muy propias, para procurar alzarse con los poderes: Legislativo y Ejecutivo, como los municipales (Alcaldías).
Nadie en su sano juicio, y capacidad pensante media, puede concluir que los “letrados” y politiqueros que ocupan las curules en el Congreso de la República, con excepciones poco notorias, y que son en definitiva los que tienen que aprobar la precitada ley de partidos, como la modificación a la Ley Electoral, van a legislar como a estar contestes con estipulaciones incluidas en esas piezas que no se reporten en su favor; que constituyan verdaderos íconos democráticos; y que, eviten todo riesgo probable a sus intentos de maniobras maliciosas, siempre en contra de la sociedad nacional
Por más consensos, y la intervención de actores externos que se agencien, como es el caso del “acotejador”, con fama de apagafuegos que se tiene a nivel local, pero con intereses que defender de ordinario debajo de la manga, el famoso Monseñor, que en todas quiere estar, como “consensuador” por excelencia”, pero que nada logra con respecto a lo esperado por todos, nadie afila cuchilla para su propia garganta, como reza el dicho popular, y los congresistas nuestros no son la excepción que confirme la regla.
Es obvio que, los políticos no se van a inclinar por regularse a sí mismos; a poner trabas a sus apetencias económicas beneficiosas, como a los arribismos y oportunismos circunstanciales aprovechables. Cualquier parecido asociado en tal sentido con la selección y escogencia para los jueces para la Cámara de Cuentas de la República, es pura coincidencia.
¡Sería de ingenuos creer lo contrario! Por tanto, mientras se mantenga ese marco legislativo regente, y fungiendo además como caja de resonancia, en maridaje con el Poder Ejecutivo – la presidenta de la Cámara de Diputados lo dice todo, hermana del Presidente de la República, ¡qué bien! -, dejémonos de estar hablando de esas leyes (elaboración y modificación), como herramientas legales, normativas plenas, para servir a esta sociedad. Pues en caso de algo lograrse al respecto, serían dos nuevos “adefesios legales” más, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, recargado de legislaciones que no se aplican.