A veces me pongo a pensar que todos esos préstamos y esos bonos soberanos que toma el Estado Dominicano, lo hace en base a los recursos mineros y petroleros con que cuenta el país.
A ninguna nación le prestan tanto si no tiene una garantía económica con la cual pueda saldar sus deudas, y quizás esa garantía radica en nuestros recursos naturales y por eso nos prestan tantos millones de dólares.
Recientemente el ministro del Ministerio de Energía y Minas, Antonio Isa Conde anunció al país que se iban a conceder bajo licitación concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas natural, comenzando por Azua y la región de Enriquillo.
Ahora bien, ¿De qué sirve estar otorgando concesiones de exploración y explotación minera, así como de hidrocarburos sin al fin y al cabo representa una odisea conseguir los permisos de estudios medio ambientales?
Yo creo que la ley de minería y la propia ley de medio ambiente deberían de hacérsela una variación en el orden para dar concesiones de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.
En mi modo de pensar, primero el Estado Dominicano debe hacer los estudios medios ambientales en las áreas que se van a concesionar, y luego otorgar las concesiones conjuntamente con los permisos de exploración y explotación.
Sugiero esto porque así se garantizaría la inversión extranjera o criolla, a la hora de avocarse a la búsqueda de minerales e hidrocarburos, debido a que ya no encontrarán oposición por los ambientalistas que siempre aparecen enfrentando cualquier proyecto de esta naturaleza.
Otra variación a la ley de minería, seria en los porcentajes que se obtienen por la venta de los minerales y de los hidrocarburos, tanto al Estado Dominicano como a los ayuntamientos, los cuales no resultan hasta el momento satisfactorios para los moradores en donde se hallan los yacimientos mineros.
El mayor miedo que trae consigo una férrea oposición a cualquier proyecto minero o petrolero, radica en los pocos márgenes de beneficio que dejan en la provincia en donde se extraen oro o petróleo.
Es cierto que durante un buen tiempo una provincia minera goza de un boom económico por la inmensa cantidad de dinero que circula cada mes, pero tasmpoco no menos es cierto que las inversiones colectivas son pírricas o casi nulas.
El gobierno debe proteger las inversiones extranjeras y asegurar un bienestar futuro con estabilidad, en las provincias en donde se encuentren oro o petróleo, no se puede mantener un clima de dudas, de incertidumbre y de acusaciones sin fundamento en contra de las compañías mineras.
Recalco, el Estado no puede seguir otorgando concesiones de exploraciones mineras, si no tiene previamente ya definido un estudio medio ambiental, que determine que es posible realizar las operaciones de explotación.