EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, que conforman más de 80 organizaciones, se declaró en movilización permanente ante la pretensión de algunos legisladores de mantener fuera del Código Penal, en proceso de aprobación, las tres excepciones a la penalización del aborto.
La organización advirtió, este miércoles, sobre la intención de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de eliminar un artículo relativo a la despenalización de la interrupción del embarazo cuando corre riesgo la vida o salud de la mujer, cuando es inviable o cuando es resultado de violación o incesto.
En concreto se trata de una disposición referida a la violencia contra las mujeres, «lo cual constituye una afrenta a los derechos de las mujeres y coloca sobre los poderes públicos la responsabilidad en la muerte de mujeres y sus familias por la violencia machista que éstos permiten y alientan», afirma la coalición en un manifiesto entregado a los miembros de dicha comisión.
«Nunca como ahora había sido tan evidente una componenda del Estado con los sectores más conservadores del país para tratar de controlar la vida y el cuerpo de las mujeres y limitar su derecho a una vida digna y libre de toda forma de violencia», sostiene la coalición, según un comunicado de prensa.
El grupo de entidades llamó al presidente Luis Abinader y a los presidentes de ambas cámaras legislativas, a escuchar las demandas de las organizaciones sociales, médicas, especialistas en derechos humanos y ciudadanía independiente para que se garantice la protección de los derechos a la vida, salud y dignidad de las mujeres en la República Dominicana.
«Nos declaramos en movilización permanente ante todos los poderes, en todo el territorio nacional. El daño que representa este accionar del Poder Legislativo, con el silencio cómplice del Poder Ejecutivo, afecta no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, por lo que llamamos a todas las organizaciones a movilizarse junto a las mujeres y elevar su voz de protesta y resistencia ante esta confabulación perversa», afirman.
Establecer excepciones a la penalización del aborto en el país en los citados tres supuestos es una reivindicación manifestada desde hace años por organizaciones nacionales e internacionales, que argumentan que su prohibición absoluta constituye una injusticia social, un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos.
La República Dominicana se mantiene entre los únicos seis países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
De acuerdo a encuestas hechas públicas, el 79 % de la población dominicana está de acuerdo con el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, el 76 % lo apoya por malformaciones del feto incompatibles con la vida y el 67 % cuando es fruto de violación o incesto y pederastia.
El Código Penal dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 2014, fue vetado en dos ocasiones por el expresidente Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020), debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
