«Hay una dictadura instalada (en Honduras)», sentenció el abogado del Centro de Investigación y Protección de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, en una rueda de prensa posterior a la audiencia pública de la CIDH celebrada hoy en Bogotá con el propósito de tratar la crisis que atraviesa el país centroamericano.
La directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Bertha Oliva, denunció que las elecciones de diciembre fueron «fraudulentas» y que, desde entonces, Honduras ha vivido constantes «violaciones de los derechos humanos».
Según datos de las organizaciones sociales, desde los comicios, hace hoy tres meses, 38 opositores fueron asesinados, 72 fueron víctimas de tortura y 105 fueron desplazados por cuestiones políticas.
Las cifras reveladas indican que 1.257 personas fueron detenidas, una de las cuales está desaparecida; 73 defensores de derechos humanos fueron amenazados y 15 periodistas fueron privados de ejercer su oficio libremente.
Además, 192 manifestaciones fueron reprimidas con violencia y 24 personas están en prisión y son consideradas por las plataformas sociales como «presos políticos».
Las organizaciones sociales pidieron a la comunidad internacional que no dé «ni un sólo paso hacia el reconocimiento de un régimen ilegítimo e ilegal sin que se realicen investigaciones profundas» sobre los casos de violaciones de derechos humanos.
Las elecciones de noviembre de 2017 estuvieron marcadas por la decisión de la justicia de permitir al presidente Hernández buscar la reelección, un hecho inédito en el país.
Hernández fue declarado ganador, pero organizaciones sociales y el candidato opositor, Salvador Nasralla, acusaron al Tribunal Supremo Electoral de cometer fraude electoral para garantizar la victoria del presidente, lo que además dio pie a numerosas protestas callejeras.
La coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Zúñiga, aseguró que sus denuncias no son «una cuestión de partidos sino un malestar de un pueblo que ha venido acumulando frustraciones y violaciones de derechos humanos innumerables».
Zúñiga, que es hija de la activista por el medioambiente Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, denunció que en su país «no hay ninguna garantía de los derechos mínimos» y un «nivel de impunidad muy fuerte» ejemplificado en el caso de su madre, en el que «no hay ninguna investigación de la autoría» del crimen.
Por su parte, la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, destacó que «la respuesta del Estado de Honduras» en la audiencia de esta mañana del CIDH «fue insatisfactoria» porque sus representantes no reconocieron la crisis que vive el país.
«Como un primer punto para establecer un mínimo de diálogo es que el Estado reconozca que está cometiendo violaciones de derechos humanos», aseveró Aguiluz.
El activista Wilfredo Méndez, aseguró a Efe que ha recibido varias amenazas por su labor de denuncia social, y vaticinó que «la situación va para largo», pero aseguró que «el pueblo hondureño continúa en lucha».
Por EFE
