EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la audiencia del caso Odebrecht de este viernes, las juezas decidieron, a unanimidad, suspender la transmisión en vivo del juicio cuando los testigos que presente el Ministerio Público vayan a declarar.
Giselle Méndez, presidenta del Tribunal, explicó que la suspensión de la transmisión en vivo del juicio a través de las redes sociales y la plataforma del Poder Judicial se hace para «respetar los derechos de los imputados y no afectar los intereses del juicio».
Por tanto, cuando un testigo declare durante el juicio, las transmisiones en vivo se suspenderán y los medios de comunicación presentes en la audiencia no podrán grabar videos ni audios de los testimonios.
Las juezas argumentaron que tomaron su decisión amparadas en el artículo 309 del Código Procesal Penal que establece que el Tribunal puede retirar o limitar la participación de los medios de comunicación cuando se vean afectados los derechos fundamentales de los imputados.
Esta decisión que tomaron las juezas es producto del pedimento de la defensa del señalado Ángel Rondón, quien argumentó que si se sigue transmitiendo el juicio en vivo por medios digitales, los demás testigos pueden escuchar las declaratorias y podrían modificar su testimonio.
Cuando los abogados de Ángel Rondón externaron este pedimento, la barra del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, defendió la transmisión pública diciendo que, según la normativa, cuando se trate de un caso que afecte el patrimonio del Estado o involucre a ex funcionarios públicos, el juicio debe transmitirse por las vías que sean necesarias «porque el país tiene derecho a saber lo que hablamos y hacemos aquí».
Las juezas también rechazaron la exclusión de Mauricio Dantas Bezerra, como lo pidieron los imputados, por entender que su testimonio es vital para el seguimiento del juicio.
En ese orden, las mediadoras tomaron esta decisión por la solicitud que hicieron los imputados de excluir a Dantas Bezerra por no tener documentaciones de identidad en la acusación que elaboró el Ministerio Público.
