Hernández -quien participó en la primera mesa del fallido diálogo nacional, que se desarrolló entre mayo y julio del año pasado, y fue miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- dijo en rueda de prensa que cuatro personas armadas, a bordo de una camioneta blanca doble cabina, interceptaron el taxi en que viajaba y la «secuestraron».
«Me encapucharon y me vendaron los ojos y me advirtieron de que si gritaba o hablaba me iban a matar en ese mismo instante», señaló Hernández, quien es fundadora del Movimiento Estudiantil 19 de Abril.
Aseguró que sus secuestradores le gritaron, la patearon y la interrogaron mientras permaneció en cauterio en un lugar desconocido.
«Me exigían les dijera quién me financiaba y cuánto le pagaba a los muchachos que concurrían a las protestas cívicas» contra el Gobierno, sostuvo.
También le preguntaban sobre las personas que «estaban involucrados en derrocar al Gobierno, quiénes estaban detrás de las sanciones, quiénes son los vendepatrias, y por qué habíamos vendido Nicaragua al imperio» estadounidense, agregó.
Además, según dijo, le advirtieron que si no colaboraba, las próximas afectadas serían integrantes de su familia y que lo mejor que podía hacer era marcharse al exilio o hacer una declaración jurada en donde dijera que se «arrepentía de participar en la actividad de los (manifestantes) autoconvocados» contra el Gobierno.
Hernández dijo que mientras estuvo detenida permaneció con una capucha a la que le impregnaron alcohol que le impedía mantener sus ojos abiertos.
A la activista opositora la dejaron tirada, atada de pies y manos, cerca del portón oeste de la Catedral de Managua, donde fue auxiliada por una persona que pasaba en vehículo, luego por un vigilante y de allí por el sacerdote Luis Herrera y unas monjas, según dijo.
La Coalición Universitaria nicaragüense, a la que pertenece Hernández, denunció la desaparición el viernes pasado cuando la activista intentaba participar en una concentración en el marco de la crisis que vive el país desde abril del año pasado.
Según la Coalición Universitaria, tanto el Gobierno como la Policía Nacional les habían dicho que desconocían el paradero de la activista, de 25 años.
El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, consideró que ese caso forma parte de una «campaña difamatoria de noticias y denuncias falsas, sin ningún fundamento jurídico o de derecho».
«Denunciamos esta nueva y nada original campaña difamatoria basada, como siempre, en mentiras. Denunciamos igualmente los llamados falsos positivos que buscan alentar reacciones negativas en contra de Nicaragua y del interés supremo de las familias nicaragüenses», señaló ayer el Gobierno.
Por su lado, la Policía Nacional invitó a Hernández a interponer una denuncia formal para iniciar las investigaciones pertinentes.
Nicaragua se enfrenta a su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.
Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH también cuenta al menos 809 «presos políticos», más del doble de los que reconoce el Gobierno, que lo denomina «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
Por EFE
