Los partidos políticos tienen una gran oportunidad para superar sus debilidades y desactualización, con las reformas contempladas en los proyectos de Ley de Partidos y Ley Electoral. La sociedad ha progresado, pero los partidos se han quedado rezagados.
En vez de favorecer la oportunidad para superar esas debilidades, pretenden acomodarlos en su deterioro y la haraganería de sus dirigentes. Por ejemplo, organizar sus procesos internos proponiendo primarias simultáneas con padrón abierto (el de la JCE), es cargarle a la JCE lo que deben hacer los partidos. El argumento que se invoca es que los partidos tienen, si lo tienen, un padrón de membresía inservible.
Si el padrón de membresía es inservible, no deben acomodarse a esa debilidad pretendiendo que el Estado le haga el suyo. Es evidente que en los partidos prima el menor esfuerzo; prefieren el padrón de la JCE y que ella organice sus primarias. La supervisión es necesaria, la legítima. Pero el menor esfuerzo es que hasta les lleven los electores.
Demás está decir, que las primarias simultáneas convocadas y organizadas por la JCE, fueron declaradas inconstitucionales a propósito de una instancia de solicitud incoada por el actual Presidente de la JCE.
La otra propuesta que desnaturaliza la democracia, es el voto preferencial. Sus defensores dicen defender el derecho de los electores de escoger sus candidatos. En realidad a lo que se debe obligar a los partidos políticos es a respetar su democracia interna. Al elegir internamente los candidatos a ser propuestos, escogidos por sus méritos y cualidades, los partidos deben estar obligados al orden de votación, para ser propuestos; hacerlo así, es depurarla antes de que los electores decidan con sus votos.
El voto preferencial crea desigualdad de oportunidades, porque termina decidiendo el dinero. Este es otro caso en el que se apoya a los partidos haraganes, que favorece el menor esfuerzo. Los que lo propician, alegan ausencia de democracia interna, debido a que la cúpula partidaria no respeta el orden de votación. Entonces lo que debe hacerse es obligar a los partidos a celebrar procesos democráticos.
En el 2013 se aprobó la Ley No. 157-13, que establece el voto preferencial para la eleccio´n de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales. G. O. No. 10736 del 9 de diciembre de 2013. En su Artículo 1, Párrafo I, parte in fine se autoriza el «voto preferencial de regidores y regidoras de los municipios y los vocales de los distritos municipales, se aplicara´ para las elecciones del an~o 2020»
Se trata de cerca de 4 mil cargos de elección popular, sometidos al voto preferencial; además de los legisladores.
¿Tiene la JCE capacidad tecnológica para administrar esa locura?
¿Tiene el sistema electoral y partidario como evitar que se financien candidatos con recursos ilegítimos e ilegales?
Si el voto preferencial favorece el uso del dinero ¿es democrático y de igualdad de oportunidades?
Este lunes la JCE desea oír a una diversidad de académicos que estuvimos en un ciclo de conferencias sobre el tema, en la Universidad Católica de Santo Domingo. Además de estas observaciones, hablaré del financiamiento. Pero sobre todo, de la necesidad de que los partidos se adecuen a la Ley y no la Ley a los partidos.